Para gran parte del país, este miércoles se dio inicio formal a un nuevo año escolar. Pero con cambios significativos. Docentes, padres y estudiantes enfrentan la prohibición, como regla general, del uso de teléfonos celulares durante las clases en establecimientos educativos de educación parvularia, básica y media, como parte de una ley que fue aprobada el 11 de febrero pasado y publicada en el Diario Oficial.
La medida busca mejorar la concentración y la convivencia en la sala de clase, reduciendo las distracciones que genera el uso de dispositivos personales en las aulas. La normativa contempla excepciones puntuales, como situaciones de emergencia, razones de salud o cuando los dispositivos sean necesarios como herramienta pedagógica específica.
Este cambio, que forma parte de una tendencia mundial para limitar el uso de celulares en aulas, ha generado debate entre distintos actores de la comunidad educativa. Mientras algunos sectores valoran la medida como necesaria para promover la atención y la socialización entre estudiantes, otros advierten que la prohibición no puede ser la única respuesta a los desafíos que plantea la tecnología en la educación.
Prohibir no ayuda a educar
Si bien medidas como estas vienen precedidas con ejemplos normativos de países como Francia, algunos estados de Alemania, Italia y China, el eje de preocupación, según expertos, no puede quedarse solo en prohibir.
Marcela Rosinelli, vicerrectora de Educación Digital de la Universidad del Alba explica que “la incorporación de tecnología en los procesos educativos debe ser reflexiva y centrada en el aprendizaje significativo de las y los estudiantes. La prohibición del uso de celulares durante las clases puede ayudar a reducir distracciones, pero no sustituye las estrategias pedagógicas que promueven un uso consciente y responsable de las herramientas digitales”.
En efecto, en Chile, según un estudio de Unicef y Mineduc del año 2023, reflejó que el 87% de los niños, niñas y adolescentes encuestados, contaban con teléfono celular propio, con acceso a Internet. En cuanto a los grupos etarios que más aumentaron su acceso, fueron los niños y niñas de 0 a 5 años (quienes pasaron de 2% a 9%, entre 2016 y 2022) y de 6 a 9 años (de 30%, en 2016; a 49% en 2022).
Esta realidad supone un desafío importante, porque la tecnología es parte inherente a las nuevas generaciones. “La transformación educativa no se logra apagando dispositivos, sino encendiendo criterio. Como Vicerrectoría de Educación Digital, creemos que la educación debe preparar a los jóvenes para navegar el mundo digital de forma crítica y creativa, no simplemente excluir dispositivos. Por lo tanto, la concentración y la convivencia escolar no dependen exclusivamente de la ausencia de tecnología, sino de la calidad de las prácticas pedagógicas”, detalla Rosinelli.
La facultativa explicó que hoy “los estudiantes viven en un ecosistema digital fuera de la escuela y en uno análogo dentro de ella. Si no abordamos esa disociación con metodologías activas, evidencia científica y formación en ciudadanía digital, corremos el riesgo de simplificar un problema que es mucho más complejo”.
Por ende, insiste, el debate no puede reducirse solo a prohibir los dispositivos. “Desde la neuroeducación sabemos que la concentración mejora cuando hay metodologías activas, aprendizaje significativo, trabajo colaborativo, pausas cognitivas, regulación emocional y sentido de propósito. Lo mismo ocurre con la convivencia escolar: se fortalece mediante dinámicas de cooperación, proyectos grupales, resolución dialogada de conflictos y espacios de participación”, detalla Rosinelli.
Es importante mencionar que la ley entró en vigor en el inicio del año escolar 2026, pero los establecimientos tienen plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos.
El periodo entre marzo y mayo será una etapa de adaptación de las comunidades educativas a la nueva regulación, en la cual los establecimientos comienzan a aplicar las disposiciones generales.
