El Gobierno ingresó al Congreso un paquete con 20 proyectos de ley, en el marco del fortalecimiento de su agenda legislativa que considera temas como seguridad, economía, migración, educación, entre otros.
Las iniciativas fueron agrupadas en tres bandas de solicitud constitucional: discusión inmediata (3), suma urgencia (13) y urgencia simple (4). Dos de estos mensajes buscan modificar la Ley 21.325 de Migración y Extranjería.
En concreto, los proyectos apuntan a sancionar el ingreso clandestino y limitar el acceso a beneficios estatales para personas en situación migratoria irregular.
Édgar Fuentes-Contreras, experto en Derecho Constitucional y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Uandes), explica que, en esencia, la intención de modificar la normativa ha estado enmarcada en dos ejes diferentes, pero que se plantean como elementos complementarios.
Por un lado, se busca tipificar el ingreso por pasos no habilitados e introducir cambios en los llamados delitos migratorios. “El primer proyecto propone modificaciones dentro de los llamados ‘delitos migratorios’, en relación con el ingreso por pasos no habilitados y la evasión del control migratorio, junto con mecanismos que priorizan la reconducción y facilitan los procedimientos de expulsión, además de introducir reglas especiales en materia de detención y prisión preventiva”, dice el especialista.
La segunda iniciativa plantea restringir el acceso a prestaciones financiadas por el Estado, limitándolo a quienes cuenten con residencia regular y cédula de identidad.
Debate constitucional
En el debate constitucional, el académico de la Uandes advierte que las medidas no solo deben evaluarse por su objetivo, sino también por sus efectos en derechos y garantías.
“Pese a que pueden ser vistos como herramientas dirigidas a atender un fin estatal, como ordenar y regular los flujos migratorios y posibles consecuencias que se vinculan con estos, las iniciativas causan tensiones relevantes con principios constitucionales y estándares internacionales, tanto en materia de derechos humanos como de derecho migratorio”, indica.
De este modo, Fuentes-Contreras afirma que “la regulación propuesta puede ser objeto de cuestionamientos desde la perspectiva de la proporcionalidad”. Esto exige un análisis pormenorizado para identificar eventuales tensiones con las normas constitucionales y con las obligaciones internacionales de Chile, continúa.
En esa línea, subraya que el foco debe estar en la aplicación concreta de estas herramientas.
“Se debe poner atención a posibles detenciones sin control judicial, ampliaciones de plazos de privación de libertad y el impacto en el debido proceso y en el derecho a la no discriminación”, concluye.
