Los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Álvaro Martínez y Joaquín Nilo, presidieron la primera reunión de la Mesa Interinstitucional de Supervisión Carcelaria, instancia compuesta por los organismos vinculados al sistema de justicia.
En la cita se analizaron el funcionamiento del sistema penitenciario en la región, así como también delitos relacionados con el ingreso de droga a los penales a través del sistema de lanzamiento, conocidos como “pelotazos” y las medidas que se están tomando en materia de sobrepoblación en las cárceles, entre otras materias.
En la instancia participaron también el seremi (s) de Justicia y Derechos Humanos, David Bahamondes; el director regional del Registro Civil, Felipe Ascuí; el fiscal regional, Aquiles Cubillos; y el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, David Bahamondes; además de representantes de Gendarmería y la Defensoría Penal Pública.
«En esta primera sesión, abordamos con las instituciones del sistema de justicia diversas temáticas relacionadas con el correcto funcionamiento de los recintos penitenciarios y la situación de la población penal. Uno de los puntos analizados fueron los delitos relacionados con el ingreso de drogas a los penales de la región a través de métodos conocidos como ‘pelotazos'», señaló el fiscal judicial Álvaro Martínez.
Agregó que “es importante que exista una constante coordinación interinstitucional para fortalecer el correcto funcionamiento del sistema carcelario”.
Por su parte el fiscal judicial Joaquín Nilo indicó que “la comunicación constante entre todas las instituciones nos permite detectar y abordar en profundidad las problemáticas que enfrentan tanto los penales de la jurisdicción como los organismos relacionados en esta materia”.
“Por ejemplo, determinar los avances en torno a las observaciones de las visitas mensuales que efectuamos como la Fiscalía Judicial a los recintos penitenciarios durante el año pasado, las materias de seguridad que se implementan en las cárceles, la situación de las personas privadas de libertad con presunta inimputabilidad por problemas mentales y las condiciones de habitabilidad que tienen los internos frente a la sobrepoblación”, indicó el fiscal judicial Nilo.
