La Sala del Senado aprobó en particular la iniciativa que busca modernizar y agilizar los procesos a fin de entregar una solución oportuna a los problemas que presentan las ciudades.
En condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara Baja quedó el proyecto que modifica la normativa vigente con el fin de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país. Ello, luego que la Sala del Senado aprobara las modificaciones que introdujo la Comisión de Vivienda y Urbanismo durante el análisis en particular de la iniciativa.
Cabe recordar que el objetivo de este proyecto es modernizar, fortalecer, agilizar y hacer más eficiente el sistema de planificación territorial para resolver de manera oportuna los problemas que se presentan en las ciudades y prever su ocurrencia. Así lo explicó el presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, senador Juan Ignacio Latorre, al informar los alcances del proyecto a las y los senadores.
Así las cosas, las disposiciones que no fueron objeto de cambios en la comisión fueron aprobadas con 27 votos a favor y 1 abstención y una norma destinada a adecuar la forma de la redacción a las leyes vigentes fue aprobada con 24 votos a favor.
También fue aprobada por una mayoría de 14 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención un artículo que introduce una versión renovada de una glosa que se viene aprobando desde hace años en la Partida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Ley de Presupuestos del Sector Público, que faculta a los SERVIU para asociarse con diversas instituciones para el desarrollo de proyectos de gran envergadura en que hay que acometer obras que exceden la entrega de subsidios y urbanización y requieren un plan maestro de inversión.
Durante la votación de la iniciativa hicieron uso de la palabra el senador David Sandoval, Carlos Kuschel, Gustavo Sanhueza, Pedro Araya, Sebastián Keitel, Claudia Pascual y Javier Macaya.
Hubo coincidencia en la importancia de legislar sobre esta materia pues se requiere modernizar los procesos y normas de planificación territorial, no obstante, se dijo que es necesario acompañar la normativa de recursos y profesionalización.
Se indicó que hay una visión favorable respecto de esta iniciativa que busca reformular procedimientos administrativos y resolver duplicidades. Además, se señaló que esta iniciativa se debe enmarcar en la realidad, donde dos episodios han demostrado deficiencias graves: el mega incendio de Viña del Mar y el manejo de la mega toma de San Antonio.
ASPECTOS PRINCIPALES
La iniciativa busca enfrentar las falencias en materia de ordenamiento territorial que se expresan en instrumentos de planificación desactualizados, con el consiguiente impacto en el suelo disponible para viviendas de interés público, en el equipamiento y condiciones de seguridad de nuestras ciudades y en dificultades para materializar proyectos de inversión.
Entre los principales objetivos están:
Fortalecer la planificación urbana, obligando a un seguimiento y actualización permanente de los instrumentos de ordenamiento territorial; incentivando la rendición de cuentas de autoridades comunales y regionales, y generando programas de capacitación para encargados de la toma de decisiones.
Favorecer la certeza jurídica, determinando la calidad regulatoria de las circulares de la División de Desarrollo Urbano y facultando a las SEREMI MINVU para la interpretación de los instrumentos de planificación territorial.
Reducir los plazos involucrados en la planificación, a través de la determinación de un efecto a la falta de pronunciamiento del concejo municipal y de la autorización para acometer simultáneamente la planificación a nivel intercomunal y comunal.
Simplificar los procedimientos, acotando los casos en que se requiere elaborar una nueva imagen objetivo, facilitando las enmiendas menores y estableciendo un procedimiento diferenciado de aprobación y toma de razón de los planes reguladores comunales.
Incorporar y facilitar herramientas alternativas, como los planes seccionales de remodelación, los planes maestros de regeneración, la habilitación normativa de terrenos y las normas especiales para ejecutar proyectos habitacionales de gran magnitud.
Introducir y perfeccionar instrumentos específicos para favorecer la construcción de viviendas de interés público.
