La Región de O’Higgins destaca a nivel nacional por constituir una región violenta. Existe entre nosotros la cultura arraigada de resolver el conflicto por la vía del puñetazo, la patada, el insulto y la amenaza.
En general, la distribución de los delitos en el país da cuenta de que la violencia intrafamiliar se mueve en el rango promedio del 13% y las lesiones en el 12,6% de las denuncias que se recibe la Fiscalía. Pero, para nosotros la violencia y las lesiones en cuanto denuncias en general con imputado conocido y desconocido suman un 28% en total (14.8% violencia intrafamiliar y un 13.3% las lesiones), lo que representa un 40% de las causas que atiende la Defensoría Penal Pública en esta región.
La ciudadanía se muestra consternada con los femicidios y es natural la preocupación por la víctima de una relación enfermiza, sin embargo, no solo está la situación frágil y deteriorada de la mujer, sino además con ese discurso se invisibiliza a los niños, también víctimas de esta violencia doméstica.
El problema acá es que el agresor indefectiblemente fue también una víctima de la violencia. Eso no es novedad, lo sabemos porque es algo de perogrullo. Por ende, el niño que actualmente vive y soporta un clima violento en su hogar, mañana resolverá sus conflictos por esta vía, pues no tiene otro modo; no conoce el control de impulsos y no podrá evitar que salgan a flote sus traumas (es más, creerá que es natural golpear a otros).
De ese modo, si hoy tenemos una tasa del orden del 28% o 30% de denuncias por violencia y lesiones en la región, en 10, 20 o 30 años más esas cifras se mantendrán inalterables.
¿Cuál es la vía para remediar esta situación? Obviamente como la violencia es un hábito enfermizo heredado se debe diagnosticar y tratar con profesionales de la salud mental.
Es por ello que los fiscales envían a los agresores de casos de lesiones y violencia a un centro de salud comunal o regional para que comiencen un tratamiento.
El gran problema: Un estudio efectuado por nuestra profesional doña Macarena Meza nos reveló que en la región entre los años 2014 y 2015 más de 1500 personas estuvieron sujetas a una Suspensión Condicional del Procedimiento, con la condición de someterse a un Tratamiento de Rehabilitación, Médico, Psicológico o de otra Naturaleza con el fin de revertir o controlar sus impulsos violentos.-
Del total de los casos derivados por el tribunal, solo un 75% aprox. logró concretar su ingreso a un programa, dada la obligatoriedad de este y el temor de que la suspensión le fuere revocada. – De este grupo, en un 85% de los casos, se realizó una pseudo terapia que se prolongó por 3 sesiones en promedio, en donde, según información entregada por encargados de los programas de salud mental, ni siquiera se logra completar un diagnóstico para tratamiento. Existe, sin embargo, un porcentaje menor de casos (10%) que termina un tratamiento en forma favorable.
En conclusión – los femicidios que se gestan en casos de violencia reiterada son un problema grave de salud mental que no es tratado adecuadamente por la falta de medios del sistema de salud a nivel regional y a pesar la buena voluntad y el gran esfuerzo de los Servicios de Salud de la Region de O’Higgins, la verdad es que no hay horas para estos pacientes que llegan en masa y no solo de los tribunales de Garantía sino también de otros tribunales como son los de Familia. En fin, he aquí un problema sin médicos ni remedio.
Por otra parte, la lógica de creer que se puede solucionar este problema aumentando las penas y sanciones penales a los agresores es como pretender enfrentar una epidemia agrandando los cementerios.
Por Alberto Ortega Jirón
Defensor Regional de O’Higgins
