Estamos permanentemente bajo la lupa porque fuimos los responsables de elaborar el más exitoso proyecto que permitió sacar a Chile del subdesarrollo y llevarnos a las puertas del desarrollo: la economía social de mercado. Los medios de comunicación escrita, la radio y TV, el Fase Book y Tweeter y hasta en una película nos han dedicado para criticarnos como si fuéramos los causantes del estado de descontento y desaprobación a la clase política y a las instituciones. Incluso en el reciente Congreso del Futuro el filósofo Michael Salden de Harvard sostuvo que el modelo de economía de mercado fue exitoso en Chile pero no se hizo cargo de la desigualdad, ignorando ésta es un tema valórico. Aceptarla o no es un juicio ético del que se deducen las normas que la sociedad le impone al sistema económico para lograr sea socialmente satisfactoria.
La economía de mercado se sustenta políticamente en la democracia cuyos fundamentos esenciales son la libertad, la propiedad, el derecho a realizar actividades económicas y el cumplimiento de los contratos, derechos que están claramente consagrados en el artículo 19 de la Constitución. Esta, además, establece la organización política que, con sus instituciones y facultades, garantizarán el ejercicio de las libertades señaladas.
¿Neoliberal?
La economía de social mercado resulta del ejercicio esos derechos que son inherentes a las personas y anteriores al estado. Lo social, consensuado por la comunidad, es la condición ética que se impone a la distribución resultante de la libertad de mercado. Si eso es neoliberalismo, Ok. Quiere decir que toda persona que exija el respeto por su libertad y acepte los valores éticos será neoliberal. Por ejemplo la constitución cubana reconoce muchos de estos derechos, pero agrega que una ley específica determinará su ejercicio. Si tal ley lo impide o lo restringe como ha ocurrido en la realidad, entonces es letra muerta. Cuba no es neoliberal y sus ciudadanos son, a lo mas, precariamente libres.
La optimización de la asignación de los recursos mediante el funcionamiento de mercados libres produce una determinada distribución del ingreso. Esta es económicamente neutra en cuanto a su bondad. No dice si es buena o mala porque ese es un juicio de valor derivado de la ética consensuada por la sociedad y que, en la práctica, se impone mediante el mandato al gobernante quien debe diseñar y utilizar los mecanismos de que ha sido dotado para generar el cambio de modo que la distribución resultante sea aquella que la sociedad considere como justa. En nuestro caso la distribución no era socialmente aceptable cuando, medida por el coeficiente Gini, era del orden de 0,56 como la de muchos países de un bajo nivel de desarrollo. En los últimos decenios ha ido mejorando. Hoy está en torno a 0.48, aun lejana de la que se observa en muchos países de la OECD (0.40 a 0.20). El aumento en los años de educación, la masificación de la educación superior, la alta movilidad observada sin duda han contribuido y así seguirá mejorando, todo ello con la economía social de mercado funcionando con las continuas correcciones que se introducen para mejorar la competitividad. Con todo, algunos intelectuales están proponiendo el “otro modelo” que restringe severamente los derechos de las personas que la Constitución ha consagrado. Si hay que ponerle apellido, es un modelo socialista. Tal vez no igual al de Cuba, Venezuela, Ecuador, Corea del Norte y al que se encamina Brasil y hacia donde lo hacía la Argentina de los Kirchner.
Pero la crítica más reiterada como la señalada por Selden, el filósofo de Harvard, es que los Chicago Boys no propusimos una institucionalidad política ni indicamos la ética a que debía someterse la clase política ni las sanciones al comportamiento inmoral. Efectivamente es así, porque no es ni fue nuestro papel porque no somos ni juristas, ni sociólogos, ni psicólogos ni filósofos morales ni pretendemos serlo porque corresponde a otros ámbitos del conocimiento. En más de una oportunidad se ha escuchado a los propios políticos reconocer que no han sido capaces de diseñar una institucionalidad y normas que debieron establecerse para garantizar la ética política de modo que la economía y la política (con mayúscula) funcionaran armónicamente. La más reciente legislación no ha corregido tal incapacidad. Las faltas a la ética y la moral por parte de los actores políticos viene siendo denunciada en forma creciente desde hace tiempo a esta parte porque el mundo digital permite la comunicación instantánea de todo tipo de noticas, episodios y opiniones, incluso invadiendo la privacidad de los actores político, dejando al descubierto los actos y conductas censurables impunes porque las instituciones que velan por ello o la leyes no son eficaces.
La corrupción que no era tema de preocupación hoy lo es. Se aprueban normas inconstitucionales en el parlamento, a pesar que en ambas cámaras existen comisiones constitucionales, y es el Tribunal Constitucional el que debe anularlas. Los parlamentarios gozan de ingresos (dietas mas asignaciones) incompatibles con la decencia y peor aún, las nuevas normas sobre elusión los dejan intocables. Hay abuso de los gobernantes que contratan o se cuotean entre los partidos los cargos públicos ignorando las competencias que tales funciones demandan. Vergonzosas riñas entre los partidos gobernantes. Despilfarro de los recursos tributarios cuyo origen es el sudor de los ciudadanos. Burocracia ineficiente. Justicia indolente. Nada de eso tiene que ver con la economía social de mercado ni con nosotros los Chicago Boys. Los políticos, a falta de pudor, quieren que seamos el chivo expiatorio para purificar sus almas.
Javier Fuenzalida Asmussen
