Por David Pérez Arce
Un peritaje para determinar si el procedimiento usado para intentar cambiar el uso de suelos de los tres predios de Machalí y la modificación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (PRI) se ajustó a lo legal o formal, realizó el Laboratorio de Criminalística de la PDI en el caso Caval.
El análisis cuyo objetivo es comparar el proceso en situaciones normales, fue solicitado por fiscal regional (s) Sergio Moya. Esta unidad tiene arquitectos muy urbanistas que realizarán un estudio de las 44 hectáreas que compro Caval en $ 6.500 millones, y también del entorno de los terrenos de Machalí.
En la formalización del caso, se les imputó a Cyntia Ross y Jorge Silva, ambos trabajaron en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí, haber incorporado al proceso informes “realizados por particulares y pagados con fondos privados, para influir de manera indebida en el proceso del PRI”.
Otro de los que trabajaron en este objetivo fue Juan Díaz, gestión inmobiliaria y quien tenía como encargo del síndico de quiebras, Herman Chadwick, el cambio de uso de suelo. Díaz sobornó, según imputó la Fiscalía, a Ross, Silva Menares y la esposa de este Marisol Navarrete, para impulsar la modificación.
