Dos ministros polemizan por los recursos y obligaciones del estado. Eyzaguirre de la izquierda insensible, quien sostiene que están en el presupuesto, pero no en forma específica. Larraín de la nueva derecha dice que no están. El monto es de US $ 1.571 millones para este año y en total US $ 5.566 millones para los próximos cuatro años para que esas iniciativas tengan continuidad.
No es fácil identificar de que gastos se trata, salvo por aquellas falencias del estado que han salido a flote y que causan rechazo del gobierno anterior:
Familias viviendo en campamentos (Techo p Chile) 45.000
Viviendas irrecuperables (casen 2013) 31.523
Familias allegadas (casen 2913) 223.274
Hogares hacinados (casen 2013) 194.550
Informe Comisión Salud Cámara Diputados:
En espera para atención de salud 2.593.418
En espera para operaciones quirúrgicas 334.998
Plazo de espera 59 a 2.040 días
Fallecidos mientras esperaban 36.000
Ine y Mineduc
Niños que no van a jardines infantiles 500.000
Compin
Posnatales impagos (Compin) 90.000
Metros cuadrados de cárceles 500.000
Metros cuadrados de hospitales 900.000
Proyectos infraestructura (Mop) US $ 5.000 millones
Minsal
Deudas hospitales con proveedores US $ 1.500 millones
Mintrabajo
Jóvenes vulnerables sin acceso a capacitación 100.000
… y así se podría continuar el examen de ministerio a ministerio sin saber cuántos miles de millones de dólares demandan los programas para resolver situaciones como las indicadas.
Algunos con un sentido demagógico dominante y a la caza de votos no han sido capaces de idear soluciones para estas demanda y se concentran en lo que da cartel como no respetar la constitución respecto del protocolo del aborto, eliminar los nuevos diputados y senadores, eliminar sus prebendas exentas de impuestos, ser contrarios a las penas de cárcel, cambiar la constitución para restringir los derechos de las personas, declarar que la contraloría y el tribunal constitucional se arrogan facultades legislativas, fomentar la marihuana, defender a Cuba y Venezuela, etc. sin darse un tiempo y pensar (si es que…) como obtener los recursos faltantes sin seguir expropiando con más impuestos el trabajo de los ciudadanos.
Hay que achicar el estado, no para eliminar los servicios que debe prestar sino que para obtener más eficiencia y menos burocracia. Algunos ni siquiera sospechan que signifique implementar la tecnología blockchain para estos propósitos y se espantan porque creen que se trata de bitcoin.
Por ejemplo, semanas atrás sugerí que la Compin podía eliminar su lista de 90.000 de licencias atrasadas si sus computadores “conversaran” o se conectarán con el registro civil para saber del nacimiento de guaguas, sus Rut y progenitores y cruzarse con el Fonasa y las isapres para verificar los diagnósticos médicos para el otorgamiento de licencias. El proceso sería casi instantáneo y se eliminaría la burocrática solicitud con cerca de 100 preguntas a las madres con derechos al pre y posnatal. Estoy seguro de que hasta un novato en informática es capaz de activar esas interconexiones. Este modelo es aplicable a todas las reparticiones del estado, ejecutivo, legislativo y judicial. No es una idea nueva. Funciona en los gobiernos y empresas de muchos países. En el nuestro, SII, Tesorería, sistema financiero, entre otros, son buenos ejemplos del uso de la informática. Con ello ahorraríamos en personal y sus gastos que lo acompañan (escritorios, sillas, computadores, papel de oficio, wc, metros cuadrados de oficina), etc. Desgraciadamente entre los 23 ministros existentes no hay ninguno que tenga la responsabilidad de la interconexión digitalizada de la administración pública, algo que surgió en el siglo XX.
Pero no es el único recurso al alcance del estado. El ahorro en Chile también es una buena fuente de recursos. Nuestro sistema de Fondos de Pensiones que ya suma del orden de US $ 220.000 millones ha invertido estos capitales en activos financieros nacionales y extranjeros (depósitos a plazo, bonos gubernamentales y de Bancos Centrales, bonos privados, letras hipotecarias y acciones de sociedades anónimas abiertas, etc.) más el encaje de las administradoras que eventualmente serían de los fondos. La pregunta es ¿Por qué no puede invertir en acciones (ordinarias o preferentes) del Bancoestado, Codelco, Enap, Puertos y otros activos públicos?
¿Acaso no nos dicen que pertenecen a todos los chilenos, incluyendo los 10,5 millones de afiliados a los fondos de pensiones?
Con esta apertura el estado podría abstenerse de capitalizar sus empresas: Codelco quiere US $ 4.000 millones anuales, Bancoestado más capital para competir con la banca privada y no atender a los demandantes de menores recursos, Enap para aventurarse en el extranjero y de paso deshacerse de malas inversiones como TVN que quiere us $ 90 millones para tapar su ineficiencia y aventurarse en un nuevo modelo televisivo que desconoce.
Chilevamos, Piñera y Larraín tienen que manifestar su voluntad y pelearla en bien de la clase baja y media emergentes de Chile.
