El ítem, que se incluyó en la Ley de Presupuesto 2023, contempla $23 mil millones, lo que equivale a un aumento de nueve veces respecto del gasto efectuado para esto en 2018.
“Si queremos en Chile terminar con las rifas, los bingos y los beneficios para comprar los medicamentos de alto costo a una persona que no tiene cómo costearlos, tenemos que potenciar la ley que se creó para esto, que es la Ricarte Soto”, señaló el senador Juan Luis Castro. El legislador socialista, que además es médico e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, definió así su postura frente al inédito gasto -dado a conocer por El Mercurio- que se incorporó en la partida de Salud de la Ley de Presupuesto, y que implica una inyección de $23 mil millones para que Fonasa pueda costear los tratamientos farmacológicos de alto costo que le ordene la Corte Suprema.
La cifra equivale a un aumento de nueve veces en el monto gastado para estos efectos en 2018, cuando un fallo de la corte marcó un precedente para este tipo de casos.
El senador por la Región de O’Higgins, fue enfático en señalar que la prioridad es el derecho de las personas a acceder a estos medicamentos, pero explicó que la vía para hacerlo, tal como quedó definido, es la Ley Ricarte Soto, que requiere un decreto para definir la incorporación de nuevas enfermedades.
“Me parece sorprendente que en vez de eso se coloque un monto presupuestario para los fallos judiciales de quienes pueden llegar hasta la Corte Suprema reivindicando el legítimo derecho de un hijo a un medicamento carísimo”, remarcó el parlamentario, en concordancia con distintos expertos que han alertado que una medida como esta solo favorecerá la judicialización de estas situaciones caso a caso, en vez de atacar la raíz del problema y garantizar el derecho de los pacientes a estos tratamientos sin tener que someterse a estos procesos legales.
