Las elecciones ya están prontas y nuevamente ese abre la gran posibilidad de cambiar el espectro político, sobre todo luego de un año donde abundan políticos y servidores públicos que han demostrado que la “probidad” no está en su actuar, a nivel país y también en nuestra Región del Libertador.
De las 345 comunas del país, actualmente el 52% de los municipios están siendo cuestionados en investigaciones penales que desarrolla el Ministerio Publico por delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho, falsificación de instrumento público, entre otros.
En la Región de O`Higgins lamentablemente Rancagua no está exenta de estas investigaciones, el ex alcalde Juan Ramón Godoy hoy se encuentra privado de libertad por actos de corrupción, pero también hay otros personajes públicos que se han visto involucrados en hechos reñidos con la ley, que hoy tiene al poder político viviendo su peor momento, la perdida de la confianza del electorado, quienes serán los responsables de hacer el cambio en las próximas elecciones, pues es en las urnas donde se visibilizará esta pérdida de confianza y aunque hay muchos que están cuestionados, increíblemente son candidatos a la reelección.
Revisamos algunos casos, como el de la comuna de San Francisco de Mostazal, donde el Alcalde Santiago Gárate se presenta a la reelección con serios cuestionamiento en su administración, donde uno de sus funcionario de confianza será formalizado este próximo 28 de octubre de 2024, por el delito de falsificación de instrumento público, investigación penal en la que el Ministerio Público, precisamente el Fiscal de Graneros, acusará al funcionario público de falsificar un documento para acreditar con el que contaba con respaldos profesionales para ser contratado en el municipio que dirige Gárate, por supuesto que con un millonario sueldo.
En esa investigación el mismo candidato a la reelección Santiago Gárate aparece con una querella por el delito de prevaricación y fraude al fisco sobre esos mismos hechos.
En Codegua la situación no dista mucho, ello acontece con dos candidatos para alcaldes. Ana María Silva y Juan Carrasco se presentan en la disputa del sillón alcaldicio de la comuna, quienes mantienen investigaciones abiertas y en curso también por la Fiscalía Local de Graneros, por los delitos de nombramiento ilegal, en el caso de Carrasco, y fraude al fisco y malversación de fondos públicos respecto de Ana María Silva.
En relación con Juan Carrasco la investigación se encuentra avanzada y con varias diligencias desarrolladas por el Ministerio Publico, donde se persigue su responsabilidad penal por contratar a sabiendas -mientras ejerció como alcalde suplente- en el municipio y como administrador municipal, a un funcionario que contaba con condenas penales registradas por delitos de manejo en estado de ebriedad causando muerte.
Con respecto a Ana Silva las acciones penales se sustentan en que habría malversado más de $330.000.0000 millones de pesos en gastos ilegales de la Subvención Escolar y un serio cuestionamiento por contratación y pago de remuneraciones e imposiciones, incluso a operadores políticos y familiares, con millonarios sueldos, sin que constare la prestación efectiva de servicios al municipio mientras fuera alcaldesa de la comuna. A ello se suma el no cumplimiento de la instalación total de luminarias en varios sectores de la comuna de Codegua, proyecto que fuera aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, luminarias adjudicadas a una empresa por trato directo, sin la firma presencial de la exedil Silva ante un notario de la comuna de Osorno, lo que la ley prohíbe y que también la Contraloría de O´Higgins reparó por falta a la probidad.
Continuemos con San Fernando, María José Díaz Becerra ganó su cupo en primarias para ser la candidata a alcaldesa de esta comuna, hace unos meses fue formalizada por el Ministerio Publico por el delito de sabotaje informático, el cual se habría cometido el 13 de diciembre de 2021. Se le imputa en calidad de autora, según los antecedentes que constan en Fiscalía, a quién era Directora Regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) en ese momento, pese a que los delitos que se le imputan se habrían cometido antes de su nombramiento, el Gobierno solicitó su renuencia por pérdida de confianza política.
En Nancagua la justicia dejó fuera de la carrera por el municipio a Aníbal Valenzuela Cariz por graves delitos que afectaron la fe pública, así como ocurrió en la comuna de Paredones con el candidato a alcalde de dicha comuna, el ex concejal Jorge Sammy Hormazábal, inhabilitado por el Tribunal Electoral. Demás está decir que hay muchos candidatos para estas elecciones cuestionados por haber trabajado con personeros públicos que hoy enfrentan investigaciones penales y administrativas, donde se desempeñaban en cargos de confianza, que aún así, buscan el respaldo de la ciudadanía para volver a ejercer un cargo público.
¿Estamos en presencia de una crisis de confianza?, que ha pasado que hoy todos quieren llegar al poder para enriquecer sus arcas, dejando de lado el compromiso con el Servicio Público y su deber para con la ciudadanía.
Tal vez es el momento preguntarse a quien se entrega la confianza de la representación ciudadana, a nuevos candidatos, o a lo menos a quienes no están cuestionados, hacer el cambio de ver a reales personas comprometidas con la ciudadanía, que tengan ética y reales valores sociales.
Por el momento solo resta esperar lo que dirán las urnas en las próximas elecciones comunales, ellas nos visibilizarán si la ciudadanía ya se cansó de los de “siempre”, acudiendo a las urnas, con fe en nuevos comienzos o seguimos igual.
