En las últimas semanas, los titulares han estado marcados por brutales episodios de violencia.
La diputada de la Comisión de Mujer, Natalia Romero hizo un fuerte llamado al Gobierno a ordenar sus prioridades, acusando que la agenda ideológica, especialmente la insistencia en promover el aborto, está desplazando las verdaderas urgencias del país, como la protección de las mujeres frente a la creciente ola de violencia.
“Hoy, las chilenas necesitan sentirse seguras, necesitan un sistema que las proteja y una justicia que actúe con celeridad. Sin embargo, el Gobierno insiste en poner su agenda ideológica por encima de las necesidades reales, dejando a cientos de mujeres en la más absoluta desprotección”, señaló la legisladora.
Un panorama preocupante
De acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hasta el 26 de noviembre de este año se han registrado 41 femicidios consumados y 266 frustrados, un incremento significativo respecto a años anteriores. Mientras que en 2023 hubo 259 femicidios frustrados, en 2022 la cifra fue de 180, lo que muestra una escalada alarmante en este tipo de crímenes.
“Estas cifras no son solo números. Son vidas de mujeres que han sido arrebatadas o puestas en peligro. Es un llamado de emergencia que no podemos seguir ignorando”, añadió la diputada.
En las últimas semanas, los titulares han estado marcados por brutales episodios de violencia. En
Ovalle, por ejemplo, una mujer de 33 años fue estrangulada y asesinada por su pareja frente a su hijo de 13 años.
En Los Ángeles,un femicidio frustrado dejó a una mujer con heridas graves tras recibir un disparo en el pecho y en el Ñuble, un hombre violó una orden de alejamiento para apuñalar a su expareja 21 veces, causándole la muerte.
Frente a estos casos, Romero subrayó la falta de respuesta efectiva por parte del Estado: “El sistema judicial está colapsado, las medidas de protección son insuficientes y muchas mujeres quedan a su suerte, sin apoyo real. Esto es inaceptable”.
Finalmente, la parlamentaria llamó a «fortalecer el sistema de prevención y protección para las mujeres. Necesitamos más recursos, mejor fiscalización de medidas cautelares y un enfoque real para garantizar su seguridad. El Estado no puede seguir fallándoles”, concluyó la diputada Romero.
