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Diputada Carla Morales solicita endurecer las medidas de seguridad en cárcel de Rancagua tras riña entre internos que dejó a gendarmes heridos

La parlamentaria Carla Morales solicitó al Ministerio de Justicia, junto a Gendarmería, un informe detallado sobre las medidas implementadas para proteger a los funcionarios en la cárcel de Rancagua. Este pedido surge tras una riña entre internos que dejó heridos a dos gendarmes, evidenciando los riesgos del sistema penitenciario.

Es urgente conocer qué acciones concretas se han tomado para resguardar a quienes trabajan bajo condiciones de alta peligrosidad. Los hechos recientes nos demuestran que el personal de Gendarmería enfrenta situaciones de extrema vulnerabilidad”,* declaró la parlamentaria.

La diputada subrayó que la seguridad de los recintos penitenciarios no solo es esencial para proteger al personal, sino también para garantizar el orden público. Morales destacó la preocupante falta de personal en la cárcel de Rancagua y solicitó información precisa sobre la dotación actual de funcionarios y el cumplimiento de los estándares operativos.

*“El déficit de personal compromete la seguridad y el correcto desarrollo de las labores operativas, generando un riesgo latente para toda la sociedad”,* enfatizó.

Entre las solicitudes incluidas en el oficio, la congresista pidió detalles sobre los protocolos de seguridad activados ante riñas y otros incidentes violentos, así como datos sobre equipos de protección disponibles para el personal. Además, solicitó antecedentes sobre incidentes similares ocurridos en los últimos dos años, sus causas y las medidas adoptadas.

*“Es fundamental saber si los equipos de protección cumplen con los estándares necesarios y qué planes existen para aumentar la dotación en este y otros recintos. No podemos permitir que la seguridad de nuestros funcionarios sea una deuda pendiente”,* afirmó la diputada.

Finalmente, la representante de la región de O’Higgins destacó que el respeto por la vida y la integridad de los funcionarios es un deber del Estado, por lo que exige una respuesta concreta y acciones inmediatas. Su solicitud busca garantizar un entorno seguro para quienes trabajan en contextos de alta peligrosidad como las cárceles.

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