La moción se cruza con la llegada de las lluvias que, cuando son copiosas, generan cortes de electricidad. Al respecto, la Comisión de Energía revisó los planes de contingencia de las empresas.
Una primer mirada dieron los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones al proyecto que faculta a las municipalidades para efectuar el retiro del cableado aéreo en desuso.
La propuesta iniciada en moción, tiene por objetivo permitir a los municipios a retirar los cables si las empresas concesionarias o permisionarias no lo realizan en los plazos legales establecidos, todo con cargo a estas últimas.
La intención es restablecer y perfeccionar la competencia municipal para retirar, ordenar o trasladar cableado aéreo en desuso, sin comprometer la continuidad del servicio, todo con el fin de fortalecer la seguridad pública y la gestión del espacio urbano rural.
La norma se encuentra en segundo trámite, por lo que la Subsecretaria (S) de Telecomunicaciones, Verónica Gorigoitia explicó a los legisladores de la instancia, en qué condiciones llegó el texto al Senado.
La autoridad aclaró que el Ejecutivo decidió patrocinar la moción explicando que en la actualidad, las alcaldías están facultadas para efectuar el mencionado retiro pero la ley no explicita que el costo lo asumirá el operador, por lo que en la práctica “nadie se hace cargo del problema”.
Con la nueva normativa se generará el siguiente flujo: dado que la empresa correspondiente no ha realizado el retiro de sus cables en desuso, el municipio puede hacer el requerimiento para efectuar dicha gestión. En un plazo de 30 días, la alcaldía puede agendar la fecha de la ejecución estableciendo los costos. Luego se desarrolla el trabajo de retiro por parte de la cuadrilla correspondiente, tras lo cual se emite el certificado de la secretaría municipal de los costos y finalmente, se notifica el reembolso obligatorio.
El texto también dispone que en aquellos casos donde no sea posible determinar la propiedad de los cables, la municipalidad notificará a todas las concesionarias y permisionarias autorizadas en la comuna la fecha en que ejecutará el retiro y los costos asociados. Las citadas empresas reembolsarán en partes iguales los gastos incurridos.
Tras la exposición de la autoridad, los parlamentarios hicieron ver su preocupación dado que la norma habla de “facultar a los municipios”, es decir, estos podrán o no ejecutar el retiro considerando su capacidad financiera. Al respecto, la subsecretaria reconoció que “las municipalidades tendrán que pedir los fondos necesarios en una próxima ley de presupuestos puesto que este proyecto no considera recursos”.
