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¿Y Quién Nos Defiende?

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Economía desacelerada, expectativas en caída, descontento general, bombas, terrorismo urbano y rural, sordera política; encuestas con amplio rechazo a Bachelet y sus ministros, amenazas que van desde coartar nuestras libertades con retroexcavadoras, a simulación de democracia, etc. Una oposición que se contenta con que las cosas sean “menos malas” sin coraje para defendernos de los abusos del estado. Todo ello generado por mensajes oblicuos que la coalición gobernante lanza. Presidenta que se dice continuadora de la Unidad Popular de Allende, prepotencia respecto de los proyectos tributarios y de educación, vaguedades en otros que se anuncian, todo lo que siembra desconfianza.

La primera experiencia ha sido empobrecernos con más impuestos. El proyecto inicial enviado al Congreso contenía disposiciones abiertamente inconstitucionales y otras dudosas. Una negociación en una cocinilla en que pocos cabían, como lo mencionó un senador, lo suavizó, pero siguió siendo perverso. La Alianza ni siquiera hizo una reserva para que el Tribunal Constitucional revisara algunas de sus partes. La Cámara de Diputados nuevamente asumió una conducta vergonzosa al omitirse a una nueva discusión debido a que el proyecto no era el que aprobara sumariamente en primera instancia ¿Notable abandono de sus deberes?
Ejemplo. Tributar sobre una renta atribuida, pero inexistente, implica un impuesto notoriamente expropiatorio y abusivo. Si tenemos que pagar un 26% sobre una base igual a cero- la renta atribuida – el impuesto pasa a ser infinito (cualquier número dividido por cero tiende al infinito) y el Art. 19 N° 20 de la Constitución lo prohíbe, aunque la opción sea voluntaria. Silencio de la oposición. Por lo menos el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre las facultades abusivas y discriminatorias que se le dará al SII.
Estas irregularidades hacen que la ciudadanía mire con desconfianza los proyectos sobre la educación porque encierran otras inconstitucionalidades respecto de la propiedad privada, libertad de educación, libertad de organizar actividades productivas, etc. Si a ello se suma el proyecto laboral desconocido, pero que según se afirma obligará a todo ciudadano que trabaje a pertenecer a un sindicato y pagar sus cuotas. Esclavitud. Queda además la incógnita sobre la reforma constitucional que la Concertación mantiene oculta. ¿Quién defenderá nuestros derechos humanos que son ley de la República y que prohíben coartar las libertades individuales y el abuso de la autoridad, en otras palabras, defender los derechos que son incompatibles con el socialismo gobernante? Por supuesto que no será ni Human Rights, ni el estado chileno a través del Instituto de los Derechos Humanos, ni el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, ni el Museo de La Memoria, instituciones todas que sistemáticamente ignoran todos los artículos del 17 en delante de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos.

 

 

Javier Fuenzalida A.

Profesor, Universidad FinisTerrae

 

 

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