Se trata de funcionarios que no participaron de los apremios y que el Ministerio Público formalizó por el delito de Tormentos Ilegítimos.
La noche del 3 de agosto de 2013 dos internos de la cárcel de Rancagua intentaron fugarse, sin embargo, solo llegaron a la línea de fuego del Complejo Penitenciario. Ahí fueron recapturados y llevados a su módulo donde un grupo importante de funcionarios comenzó a sacar a golpes al resto de los reos de sus celdas, los dirigió hacia el patio central del módulo donde continuaron los golpes de palos y pies.
Los hechos fueron conocidos por la Defensoría de O’Higgins un año más tarde y entregados al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se realizara la denuncia, en tanto, el Ministerio Público reactivó la causa que se mantuvo desformalizada por más de un año.
Este jueves en el Tribunal de Garantía de Rancagua se formalizó a 25 gendarmes por el delito de apremio ilegítimo cometido contra 57 internos. 18 funcionarios de menor rango y 7 oficiales, 5 de los cuales están siendo defendidos por la Defensoría Penal Pública de O’Higgins.
En el caso puntual de nuestros representados, se trata de dos tenientes coroneles, a cargo del defensor Luis Valdenegro; 2 mayores representados por el defensor institucional Christian Godoy; y un sub teniente, defendido por el Jefe de la Unidad de Estudios, Víctor Providel. Según consta en los antecedentes aportados, ninguno de ellos participó de las agresiones ni tampoco se encontraban de servicio el día de los hechos. Según el relato de internos víctimas y el propio Ministerio Público, ellos llegaron hasta el módulo 41 minutos más tarde cuando ya los vejámenes habían sido realizados. De todos modos – a juicio del Ministerio Público –les cabría la responsabilidad de delito de tormentos ilegítimos, pues no impidieron o hicieron cesar los apremios.
Tras la formalización, el fiscal Carlos Fuentes pidió para todos los encartados las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, las cuales fueron aceptadas por el abogado particular que representa a 19 funcionarios. No así los defensores públicos quienes insistieron en que la Fiscalía no había presentado prueba alguna que involucrara a sus representados en las acciones ocurridas el 3 de agosto en la cárcel de Rancagua.
Después de un largo debate la magistrado Constanza Acuña determinó que los cinco oficiales representados por defensores públicos, más uno que tiene abogado particular, quedaban sin medidas cautelares por los 150 días que durará la investigación, pues según la resolución, no existían antecedentes que justificaban alguna intencionalidad de los oficiales para permitir el ejercicio de conductas prohibidas en contra de los internos.
Doble Función
Consultados por la doble función que tiene la Defensoría en esta causa, dado que fue quien presentó los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos y hoy le toca defender a imputados por esta causa, el Jefe de la Unidad de Estudios Regional, Víctor Providel, fue enfático en señalar que “como funcionarios públicos y garantes de los derechos y dignidad de nuestros representados hasta que cumplan su condena, la Defensoría estaba obligada a dar a conocer los vejámenes de los que fueron objeto los internos del módulo 41. No obstante, también estamos llamados a prestar defensa de calidad técnica a todo quien que lo requiera, y para eso contamos con abogados altamente calificados que son autónomos e independientes en sus defensas”.
