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Cartel Laboral

columnista5

No hay consenso sobre si el proyecto es para perfeccionar el mercado laboral o para conceder privilegios sindicales. Si fuera lo primero, sus normas deberían incentivar la eficiencia laboral, si es lo segundo el beneficio es discriminatorio, sólo para los sindicalizados.
Las estadísticas y la encuesta ENCLA del Ministerio del Trabajo son claras: hay 8,4 millones de trabajadores activos; 5,8 millones son asalariados, 4,8 millones tienen contrato de trabajo escrito (83%). Sólo 571 mil (11,9%) están asociados a sindicatos activos (88% no lo están).  El 50% de los convenios los negocian los sindicatos y el otro 50% con grupos negociadores que la reforma quiere prohibir. El 87% de la fuerza laboral trabaja en las PYMES. El uso del multirut apenas alcanza al 3,5% de las empresas pequeñas. En 2013 hubo 201 huelgas cuya duración promedio fue de 11 días en que participaron 30.000 trabajadores. La encuesta ENCLA revela que, según los trabajadores, la principal razón para no pertenecer a un sindicato es gozar de la movilidad laboral. La CUT no tiene representatividad. Apenas reúne al 12% de los sindicatos, siendo la mayoría funcionarios fiscales que no negocian como el resto.

Esta realidad revela que la reforma no mejorará la eficiencia laboral porque no resuelve las fallas del mercado, sino que las agrava. La economía de mercado, aceptada transversalmente por los políticos, enseña que para alcanzar la eficiencia se requiere que los mercados sean competitivos. No se trata tan solo de los mercados de bienes y servicios, sino que también del mercado de los factores productivos. Así el DL 211 sobre libre competencia rige para todos los mercados. En mercado de capitales, tenemos una razonable legislación. En cambio respecto del mercado laboral la ley tiende a ser cada vez más discrecional, alejándolo de la competencia.
Por ejemplo, se propone que los sindicatos actúen como un cartel y con poder monopólico, imponiendo un costo al acceso, una barrera de entrada desde el momento en que el trabajador debe ceder su derecho a negociar sus condiciones y atenerse a lo acordado por una dirigencia sindical o una organización central como la CUT, huérfana de representatividad. La propiedad de lo negociado, eufemísticamente denominada titularidad sindical, se está elevando a la categoría de propiedad intelectual al establecer que sólo el sindicado negociador tendrá el dominio sobre lo negociado. De esta forma quedan fuera del mercado el 50% de los convenios colectivos tramitados por grupos negociadores, violando las normas de la libre competencia. A ello se suma la tolerancia del Ministerio del Trabajo respecto al renacimiento de los medios pollos en los puertos que ahora se les llama “nombradas” La restricción al reemplazo durante la huelga va contra del derechos de propiedad al prohibir el uso y goce de los bienes. En tanto más largo sea el conflicto, mayor es la pérdida patrimonial y que en el caso de las PYMES puede terminar en la quiebra impulsada por el abuso de poder monopólico que se les está otorgando a los sindicatos.

 

 

Javier Fuenzalida A.

Profesor, Universidad Finis Terrae

 

 

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