La iniciativa, impulsada por el senador Juan Luis Castro, busca frenar el comercio clandestino de fármacos en ferias, redes sociales e internet, además de fortalecer la fiscalización y perseguir penalmente a las organizaciones detrás de este negocio.
Con un amplio respaldo avanzó en el Senado el proyecto de ley que regula la comercialización de productos farmacéuticos y endurece las sanciones contra quienes participan en la venta ilegal de medicamentos, una práctica que, según advirtió el senador Juan Luis Castro, se ha transformado en un riesgo creciente para la salud pública y en una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
La iniciativa, impulsada originalmente por el parlamentario y actualmente en su primer trámite constitucional, busca cerrar los vacíos legales que hoy dificultan perseguir la comercialización clandestina de remedios, tanto en ferias libres como a través del comercio ambulante, las redes sociales y distintas plataformas digitales. Entre otras medidas, el proyecto incorpora nuevos delitos asociados a la venta y distribución ilegal de medicamentos, la falsificación de productos y la prescripción fraudulenta con fines comerciales.
Durante su intervención en la Sala del Senado, el también presidente de la comisión de Salud, sostuvo que el fenómeno ha evolucionado y hoy opera mediante mecanismos cada vez más sofisticados, aprovechándose de la necesidad de miles de pacientes.“Cuando una persona compra un medicamento, deposita su confianza en que ese producto le ayudará a recuperar su salud o a controlar una enfermedad. Esa confianza no puede ser traicionada por quienes venden medicamentos de origen desconocido, falsificados, robados o conservados en condiciones que ponen en riesgo la vida de las personas”, afirmó el senador.
El legislador subrayó que quienes recurren a estos mercados informales no siempre lo hacen por desconocimiento. En muchos casos, explicó, se trata de adultos mayores, pacientes crónicos y familias que enfrentan dificultades económicas para acceder a sus tratamientos. “Este proyecto no busca perseguir al paciente; busca perseguir a quienes lucran con la salud de las personas y ponen en circulación productos que pueden provocar graves consecuencias”, señaló.
El texto legal también refuerza las atribuciones del Instituto de Salud Pública (ISP), otorgándole mayores herramientas para fiscalizar la cadena de producción, importación y venta de medicamentos, además de establecer inhabilidades para quienes hayan sido condenados por delitos vinculados al narcotráfico o crímenes contra la salud pública.
Entre los principales cambios, el proyecto prohíbe expresamente que las farmacias distribuyan medicamentos de manera masiva, tipifica nuevos delitos en el Código Penal y endurece las sanciones por el robo de cargamentos farmacéuticos y la comercialización de productos falsificados.
“El debate sobre el acceso a medicamentos seguros y a precios razonables debe continuar, pero no podemos confundir esa discusión con la existencia de un mercado clandestino que pone en peligro la salud pública y fortalece al crimen organizado”, enfatizó Castro durante la sesión.
La iniciativa fue aprobada previamente por unanimidad en la Comisión de Salud del Senado y continuará ahora su tramitación legislativa.
