El legislador afirmó que nueva legislación le “da certeza jurídica a inversionistas y emprendedores, entregando las herramientas precisas para recuperar la senda del crecimiento económico y volver a impulsar proyectos que crearán puestos de trabajo estables”.
Su completa “satisfacción” manifestó este miércoles el diputado del Partido Republicano, Fernando Ugarte, tras la aprobación en el Senado de los tres vetos presidenciales a la Ley de Reconstrucción y Recuperación Económica y Social, que queda lista para ser promulgada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, a la espera de las impugnaciones ingresadas por la oposición al Tribunal Constitucional (TC).
Para el legislador, esto significa que el La Ley de Reconstrucción debe “contribuir al crecimiento, no incorporar medidas que generen incertidumbre económica. Las observaciones del Presidente buscan mantener el foco de la reforma: impulsar la inversión, generar empleo, fortalecer la actividad económica y entregar mayor certeza para quienes emprenden e invierten en Chile”.
«Las buenas políticas públicas deben evaluarse por sus efectos reales y no solo por su atractivo comunicacional”, sostuvo Ugarte, junto con subrayar que existen “iniciativas que pueden parecer beneficiosas en el corto plazo, pero que terminan perjudicando precisamente a quienes buscan proteger, encareciendo el crédito, restringiendo el financiamiento o aumentando la informalidad”.
Sin ir más lejos, Ugarte recordó que la Región de O’Higgins “se está viendo particularmente afectada por el desempleo y el aumento de la informalidad, por lo que tener una legislación que da certeza jurídica a inversionistas y emprendedores, entregando las herramientas precisas para recuperar la senda del crecimiento económico y volver a impulsar proyectos que crearán puestos de trabajo estables”.
Uno de los aspectos más relevantes para el representante del Distrito 15, es el artículo que busca eliminar la posibilidad de que las empresas acuerden plazos de pago mayores a 30 días. “La prohibición perjudicaría gravemente a sectores como la agricultura, donde los ciclos productivos requieren tiempos distintos. Actualmente, el 40% de los acuerdos de pago excepcional pertenecen a este sector, por lo que eliminar esta flexibilidad afectaría su operatividad”, explicó.
“El Ejecutivo actuó de forma responsable para evitar normas que podían afectar el acceso al crédito, el ahorro de las familias y el funcionamiento de las pequeñas empresas, al corregir aquellas disposiciones que, aunque bien intencionadas, generan consecuencias negativas para la economía del país y particularmente de nuestra región”, cerró el diputado Ugarte.
