El parlamentario por O’Higgins impulsó una iniciativa -aprobada por la Cámara Baja- para que el Gobierno le otorgue máxima urgencia a un proyecto de ley que permite deportar a todos los migrantes que hayan participado en delitos de robo, hurto o tráfico de drogas.
Por 103 votos a favor, 26 abstenciones y sólo 5 en contra, la Cámara Baja aprobó este martes una resolución que presentó un grupo de diputados de la UDI, entre ellos Eduardo Cornejo, para solicitarle al Gobierno que le otorgue máxima urgencia legislativa al proyecto de ley que busca facultar al Presidente de la República para que pueda expulsar, en un plazo máximo de 60 días, a todos los extranjeros que se encuentran condenados por robo, hurto o tráfico de drogas.
Al respecto, el representante de la Región de O’Higgins recordó que fue a mediados de año cuando presentaron dicha iniciativa, no sólo en respuesta a la participación que han tenido ciudadanos extranjeros en la comisión de graves delitos en el país, sino que también producto del hacinamiento que se está generando en los recintos penitenciarios producto del aumento de los hechos delictivos.
“Siempre hemos manifestado nuestro absoluto apoyo a todos los migrantes que vienen a Chile para ser un aporte y lo hacen de manera legal. Pero quienes ingresan de forma irregular y que, además, vienen con el único propósito de delinquir a nuestro país, deben ser expulsados de forma inmediata y con la prohibición de reingresar por al menos diez años, sobre todo si ya fueron condenados y permanecen privados de libertad”, sostuvo Cornejo, recordando que el Estado gasta alrededor de 800 mil pesos al mes por cada interno, lo que a su juicio “es un enorme desperdicio de recursos que perfectamente podrían ser destinados a atender las urgencias sociales que tenemos en el país”.
Por lo mismo, el parlamentario gremialista valoró el apoyo mayoritario que recibió el proyecto de resolución, emplazando ahora al Gobierno para que le otorgue máxima urgencia a la iniciativa, sobre todo al tomar en cuenta que un reciente estudio del Observatorio de la Migración Responsable concluyó que sólo este año ha aumentado en un 30% la población penal de extranjeros en Chile.
“Estamos viviendo una de las peores crisis de seguridad en nuestro país, y al mismo tiempo una preocupante crisis económica e inflacionaria que incluso podría empeorar durante el próximo año. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo de mantener como sociedad a cientos de extranjeros que han participado en graves delitos y que son responsables de la alta sensación de inseguridad que existe en la población. Esos delincuentes deben ser expulsados a la brevedad posible, y el Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo”, insistió el diputado por el Distrito 16, quien por último también advirtió sobre las graves consecuencias que se están produciendo al interior de los penales.
“Las propias autoridades nacionales han señalado que los extranjeros privados de libertad están cometiendo delitos graves al interior de las cárceles, como las amenazas o extorsiones. Incluso, el mismo Poder Judicial lo ha comprobado presencialmente, por lo tanto es indispensable que la actual administración no siga de brazos cruzados y adopte medidas concretas en esta materia”, concluyó.
