La representante de O’Higgins y una de las promotoras del proyecto aseguró que la nueva legislación presumirá que los funcionarios actuaron de manera correcta en los operativos.
Como un avance “muy significativo” calificó la diputada por la Región de O’Higgins y una de las promotoras del proyecto, Natalia Romero, la aprobación de la fusionada “Ley Nain-Retamal”, que permitirá elevar las penas en contra de quienes agredan o ataquen a los funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, además de establecer la “legítima defensa privilegiada” de los efectivos policiales al momento de actuar en los procedimientos.
Al respecto, la parlamentaria por el Distrito 15 valoró que la iniciativa haya superado el trámite en la Cámara Baja, pese a que el Gobierno decidió no otorgarle suma urgencia, lo que habría facilitado la tramitación del proyecto. Por lo mismo, llamó al Senado a despachar “cuanto antes” la “Ley Nain-Retamal”, de manera que “en los próximos días tengamos una nueva legislación que proteja de mejor manera a todos los funcionarios que están desplegados en el país protegiendo a los chilenos”.
“Hoy es un día muy importante no sólo para Carabineros, la PDI y Gendarmería, sino que también para todo el país, porque a pesar de las dificultades y los distintos obstáculos que existieron, logramos aprobar este proyecto de ley, que además de aumentar las penas contra quienes se atrevan a agredir o asesinar a los funcionarios policiales, viene a proteger la labor policial y a otorgarle mayores garantías a los funcionarios cuando tengan que actuar”, señaló la diputada Romero, quien agregó que “hoy podemos decir que tenemos una norma que por fin beneficia a los funcionarios”.
En esa línea, la representante de O’Higgins explicó que la anterior “Ley Nain” también prohíbe que los condenados puedan optar a cualquier tipo de beneficio carcelario, como la libertad condicional o salidas dominicales. Mientras que la “Ley Retamal”, que se fusionó con el anterior proyecto, exime a los funcionarios de Carabineros de las acciones que deban realizar para repeler cualquier tipo de agresión contra su integridad, la de terceros o para impedir un delito, presumiendo que actuó de manera correcta y derivando a la Fiscalía o terceros a presentar pruebas que acrediten lo contrario.
“Lo que más necesitábamos avanzar era que los efectivos policiales se sintieran absolutamente seguros de utilizar su arma de servicio cuando vieran en peligro su integridad física, la de un tercero o para impedir la comisión de un delito, porque hoy en día no se sienten seguros de actuar porque saben que van a ser formalizados, suspendidos, les quitarán el sueldo e, incluso, pueden ser dados de baja. Con este proyecto que aprobamos, en cambio, sabrán que ahora la legislación los respalda en cualquier procedimiento policial, y que tendrán que existir pruebas muy concretas para comprobar que no actuaron de acuerdo con los protocolos”, reiteró la parlamentaria.
Por último, la diputada Romero también valoró la aprobación de los dos proyectos de ley que aumentan las penas de los delitos de secuestro y porte de armas en lugares altamente concurridos, los que fueron despachados este martes tras la suspensión de la semana legislativa en el Congreso.
