Las réplicas del caso convenios, que mancha el trabajo de algunos Seremis de Vivienda y Urbanismo con fundaciones ligadas al partido Revolución Democrática, han alcanzado los pasillos del ex Congreso Nacional, donde actualmente 51 consejeros y consejeras, redactan el nuevo texto de la Carta Magna.
Tal ha sido el impacto, que la bancada de Renovación Nacional y Evópoli, ya están preparando y discutiendo una serie de enmiendas anticorrupción, cuyo núcleo central será la consagración constitucional de inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos, a todo funcionario del Estado y autoridad electa, que sean condenados por este tipo de delitos.
Ivonne Mangelsdorff, consejera RN y representante de la Región de O’Higgins, expresa, “tenemos que condenar todo tipo de actos de corrupción y faltas a la probidad. Nuestra iniciativa, que esperamos cuente con un amplio respaldo, implica que cualquier persona que trabaje en algún órgano del Estado, sea diputado, ministro, un seremi, director de servicio, alcalde o concejal, que haya sido condenado por algún hecho que revista carácter de delito de corrupción, nunca más ejerza un cargo público en nuestro país. Esto lo hemos denominado en muerte cívica”.
La abogada y periodista, manifiesta que hoy existe un grado de desconfianza tal, “que como institución debemos hacernos cargo y no mirar para el lado frente a hechos que nos afectan a todos. La Constitución tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y ciudadanas, frente a personas que abusan de su poder para defraudar y hacer propios los recursos que pertenecen a todos sin distinción”.
