Los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Joaquín Nilo Valdebenito y Álvaro Martínez Alarcón, presidieron la primera reunión del año de la Mesa de Interinstitucional de Supervisión Carcelaria, instancia en que abordaron la situación de los recintos penales de la Región de O’Higgins.
En la reunión, que fue dirigida por el fiscal judicial Joaquín Nilo, también participaron el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant Cabrera; el juez de Garantía de San Fernando, Erick Ríos Leiva; el director regional de Gendarmería, coronel Gonzalo Hermosilla Lizama, y representantes del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos humanos, entre otros organismos.
En la instancia se analizaron el hacinamiento carcelario, los actuales perfiles criminógenos de la población penal, la situación de las personas inimputables y la seguridad en las cárceles cuando ministros, fiscales judiciales o magistrados realizan las inspecciones periódicas.
«Nuestra preocupación central en la Fiscalía Judicial es asumir que la nueva criminalidad pueda estar también interfiriendo en las condiciones de relaciones humanas dentro de la cárcel. Si bien históricamente el foco de nuestra función fue controlar el bienestar carcelario desde la mirada de lo que es la relación entre custodios y penados, hoy también existen riesgos que grupos dominantes sometan a otros internos. Y en ese contexto también se hace perentorio nuestro rol en el resguardo de tales derechos», señaló el fiscal Joaquín Nilo.
Agregó que se analizó «la situación de los enajenados mentales y la posibilidad de que ellos en el futuro puedan cumplir en secciones especiales para, en caso de que se decrete su internación en casos de causas donde sea declarada su inimputabilidad. Estos aspectos fueron relevados por los actores y llegamos a algunos acuerdos concretos y nos pusimos de acuerdo para que en el futuro también algunos de esos temas puedan ser abordados en reuniones específicas y especiales al efecto».
El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant, explicó que «los principales temas abordados se relacionan con la seguridad en los recintos penitenciarios, la nueva criminalidad que se está experimentando, las medidas que han sido tomadas por parte de Gendarmería de Chile y también por el Ministerio de Justicia en cuanto a mitigar ciertos factores de riesgo a fin de poder tener el control pleno, como ya actualmente se tiene de las cárceles chilenas».
«Esta reunión fue muy provechosa, en la que también participaron los señores alcaides de las unidades penales. En ese sentido, creo que fue muy importante demostrar lo que estamos haciendo: las acciones de coordinación para bajar los niveles de violencia al interior de las cárceles, el manejo de inteligencia; y las coordinaciones con las policías, la Defensoría y el Instituto Nacional de Derechos Humanos», indicó el director regional de Gendarmería, coronel Gonzalo Hermosilla.
En tanto, durante abril y mayo ambos fiscales judiciales realizaron la inspección anual al Centro de Detención Preventiva de Peumo y los Centros de Cumplimiento Penitenciario y Educación y Trabajo de Rengo, para constatar las condiciones de habitabilidad de los internos y los talleres que fomentar la reinserción.
