En la instancia se destacó el fuerte componente territorial de la administración, enfocado en el trabajo intersectorial, la transferencia de terrenos para la vivienda social, la seguridad y el impulso al desarrollo económico regional mediante la licitación de inmuebles fiscales.
Transformar al ministerio de Bienes Nacionales en un gestor estratégico del territorio, capaz de movilizar el patrimonio fiscal para contribuir a la seguridad, el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades para las personas, fue uno de los principales ejes de la Cuenta Pública Participativa 2026 que la ministra Catalina Parot, junto al subsecretario Javier Peró, encabezó subrayando la labor desde el territorio.
Durante la actividad, se dio cuenta de la gestión 2025 y de las principales medidas impulsadas por la nueva administración desde el 11 de marzo, para fortalecer la gestión de un patrimonio compuesto por 33.358 inmuebles fiscales y 42,4 millones de hectáreas, equivalentes a cerca del 56% del territorio nacional.
La ministra reveló que los principales desafíos del Ministerio se concentran en los territorios, precisando que “el patrimonio fiscal pertenece a todos los chilenos y tiene un enorme potencial para contribuir a enfrentar los desafíos del país. Nuestra tarea es pasar de una lógica centrada principalmente en administrar inmuebles a una gestión estratégica del territorio: saber qué tenemos, protegerlo, recuperar lo que corresponde y activar aquellos activos que pueden generar inversión, vivienda, seguridad y mejores oportunidades para las personas y las regiones”, afirmó.
Por su parte, el SEREMI de Bienes Nacionales O’Higgins, Julio Moncada, destacó las principales medidas impulsadas por la nueva administración para avanzar al servicio de la ciudadanía.
Al respecto, la autoridad regional precisó que “en nuestra región hemos concretado la entrega de inmuebles estratégicos para fortalecer la seguridad pública, de esta manera, otorgamos a Carabineros un espacio fiscal donde se emplazará la nueva central de comunicaciones de la Prefectura Cachapoal y su centro de monitoreo y televigilancia. Asimismo, hemos dispuesto recintos para el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) con el fin de robustecer el apoyo ante la emergencia sanitaria por influenza aviar y la mosca de la fruta”.
Rol de las regiones
La cuenta pública tuvo un marcado acento regional tendiente a generar inversión, vivienda, seguridad y mejores oportunidades para las personas. El SEREMI Julio Moncada valoró esta visión de trabajo señalando que “nuestra prioridad ha estado enfocada en atender las urgencias y requerimientos de las familias mediante una gestión y despliegue en terreno, agilizando el rezago histórico en la entrega de títulos de dominio para quienes llevan años esperando su certeza jurídica, respecto a su terreno o vivienda, para convertirse propietarios ante la ley. Y, por otra parte, esto se complementa con la prospección de nuevos inmuebles fiscales que puedan ser licitados con absoluta participación y transparencia, generando más inversión y empleo para la región”.
Sobre esto último, se destacó el Plan de Ventas, presentado el pasado 23 de julio ante el Comité Económico del Gobierno, que ofertará inmuebles fiscales provenientes de herencias vacantes y licitaciones declaradas desiertas. Los inmuebles serán comercializados mediante licitación pública a través de una nueva plataforma y de un visor para facilitar el acceso a la información sobre las propiedades disponibles, donde el 65% de los ingresos por estas ventas se transfiere directamente a los Gobiernos Regionales.
Disponibilidad de suelo para uso social y regularización de títulos por emergencia
Finalmente, en lo relativo a la emergencia social, uno de los focos ha sido apoyar con soluciones para la emergencia habitacional. Son 154 los inmuebles que el Ministerio de Bienes Nacionales está transfiriendo gratuitamente al SERVIU, a nivel nacional, equivalente a unas 661,5 hectáreas para soluciones habitacionales.
Además, durante la cuenta pública se destacó el proyecto de ley para la regularización de la propiedad en situaciones de emergencia, que ya fue ingresado al Congreso y que establece un procedimiento gratuito para las familias damnificadas, reduciendo el plazo de tramitación de 24 a 6 meses y permitirá acceder oportunamente a subsidios y programas de reconstrucción.
