A pesar de que algunas medidas han sido iniciadas, solo el 38% del plan general ha sido cumplido, destacando la necesidad de un sistema integral para prevenir la corrupción.
En un reciente informe, se ha puesto de manifiesto que, a pesar de un año transcurrido desde su entrega, las recomendaciones formuladas por la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado en Chile, presidida por María Jaraquemada, aún no han sido implementadas de manera satisfactoria.
El informe, que ha sido objeto de análisis por parte de expertos en el ámbito público y legal, destaca que, de las 46 medidas iniciales, que fueron ampliadas a 60 acciones por el Ejecutivo, ninguna ha logrado un avance que supere el 50%.
Javiera Delgadillo, jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), señaló que «es una medida que representa un esfuerzo menor en términos de articulación del aparato público. Además, es una medida institucionalizada por ley, recordemos que Chile cuenta con diversos dispositivos legales que mandatan la rendición de cuentas de los organismos públicos».
Por su parte, Michel Figueroa, docente adjunto de la misma carrera y director ejecutivo de Chile Transparente, expresó su preocupación, indicando que «no ha existido un esfuerzo concreto por parte del ejecutivo para transformar las acciones comprometidas en resultados, en utilizar todas las herramientas institucionales que tiene a disposición, como por ejemplo el uso de las urgencias legislativas para lograr aprobar los proyectos de ley presentados».
El informe también resalta que, si bien 40 de las 46 medidas presentan alguna acción, solo 20 tienen algún avance, aunque sea inicial o parcial. Entre las medidas de corto plazo con menos avance se encuentra la clasificación de las instituciones privadas sin fines de lucro para una mejor regulación, la mejora de sus balances y la estimación de las transferencias realizadas por el Estado, así como la transparencia de los institutos de formación política ligados a partidos.
Figueroa también comentó sobre los factores que han contribuido a este bajo porcentaje, mencionando que «durante el segundo semestre del año 2023 hubo un auge inicial por parte del gobierno en impulsar dicha agenda de probidad, pero al bajar la presión de los medios de comunicación e irrumpir los problemas de inseguridad en la agenda pública los esfuerzos en esta agenda quedan en un segundo plano y, de cierta forma, olvidados por parte del ejecutivo y el Congreso».
En cuanto a los pasos adicionales que se deben tomar para asegurar el cumplimiento efectivo de las medidas a corto, mediano y largo plazo, Javiera Delgadillo opinó que «es necesario destinar esfuerzos técnicos, vale decir, personal preparado, con capacidades técnicas y no solo políticas para implementar las medidas comprometidas. Asimismo, esta temática debe volver a estar presente en la agenda política, pese a la existencia de otras urgencias ciudadanas».
