a triste declaración inicial del Ministro de Transportes Gómez Lobo y que luego debió enmendar desató la polémica en torno a Uber y otros nuevos emprendimientos para atender la demanda por un buen transporte y competir con los taxis básicos, ejecutivos y colectivos.
El internet de las cosas, como se denominan las nuevas y eficientes aplicaciones tecnológicas que está modificando el funcionamiento de muchos mercados, es un avance incontenible contra las regulaciones arcaicas, multas inútiles o requisiciones de bienes. El estado debe aceptar esta nueva función de producción pero que permita a los actuales propietarios de los derechos de los taxistas convencionales competir en igualdad de condiciones.
Cuando el estado otorga privilegios que inhiben la competencia estableciendo regulaciones y costos limitantes de la oferta está promoviendo la innovación de competidores desafiantes que acaban con la exclusividad monopólica. Gana el consumidor. Es el caso del taxismo tradicional creado para evitar una deseconomía externa como sería inundar las calles de taxis y producir el colapso en el transporte. El estado decide arbitrariamente cómo tenemos que movilizarlos qué ruta seguir cuánto pagar y someternos a la cultura de los taxistas. Actualmente circulan en Chile 103.116 taxis básicos, para ejecutivos y colectivos. De ellos 41.968 en Santiago. Deben tener una antigüedad de no mas de 5 años. El estado convoca periódicamente a licitaciones para postular a un derecho de explotación y que hoy fluctúa entre $10 y $15 millones, superior al valor de un automóvil, lo que sería inconstitucional porque asume la característica de un tributo “manifiestamente desproporcionado o injusto” como lo define el N° 20 del Art, 19 de la Constitución. Pero al estado esto no lo conmueve.
No se sabe cuántos prestadores hay inscritos Uber. El Ministerio de Transporte dice que ha retirado cerca de 2.000 “transportistas ilegales” y que las multas pueden llegar a $ 1 millón. La ilegalidad a que alude Gómez Lobo es discutible. Desde luego Uber no es una empresa de transportes sino una sociedad que poseedora de un software. Los transportistas no tienen vínculo laboral. Son propietarios de automóviles que están dispuestos a transportar pasajeros, sin horario convenido, lo que tampoco es ilegal aunque se cobre por ello, y que deberán reconocer esos ingresos cuando declaren el impuesto de renta. El servicio ofrecido es altamente valorado por los usuarios porque el precio de la “carrera” es conocido de antemano así como el recorrido, el vehículo es nuevo e “impeca” limpio, confortable, los conductores amables, bien vestidos, la radio no toca ni hip-hop ni aturde con los comentaristas de football, etc. Hay una competencia desleal respecto de los taxis convencionales que podrían caer en las sanciones del DL 211 sobre libre competencia, pero debe entenderse que los nuevos competidores desafiantes han entrado al mercado sin someterse a una ley discrecional que viola la libertad de ejercer actividades económicas (N° 21. Art 19 de la Constitución).
¿Cómo reorganizar el mercado?
No hay duda que hay una barrera de entrada impuesta por la ley que fija el número de taxis, impone el pago de una patente cuyo valor supera el del automóvil, exigir un carnet de chofer de clase A que no garantiza una habilidad superior a la de uno que tiene una de clase B y otras restricciones discutibles.
Los que el estado tiene que hacer es derogarla y dejar que el mercado actúe acorde con las nuevas tecnologías como lo está haciendo Uber y otros servicios análogos y, principalmente, restituir a los actuales taxistas el valor del derecho que les cobró para poder ser monopolistas. Dado ese alto valor habrá un atractivo incentivo para que los actuales taxistas adopten la nueva tecnología sin tener que sufrir una alta pérdida patrimonial (la patente) y competir con los nuevos entrantes en igualdad de condiciones: GPS, ruta y valor pre conocida de la carrera, limpieza, amabilidad, silencio, etc.
¿Cuánto costará el fin del monopolio? US $ 1.500 millones para los 103.000 taxistas actuales. ¿Cómo financiarlo? Mediante un bono transable, por ejemplo con un único vencimientos a 10 años, semejante al bono de reconocimiento de los imponentes del antiguo sistema previsional. El mercado de capitales se encargará de “licuarlo” a quien lo desee.
Javier Fuenzalida Asmussen
