En 2008 durante el gobierno anterior de Bachelet se dictó la ley 20.285 sobre transparencia que establece que toda la información del estado es pública, accesible para todo ciudadano, excepto aquellas que expresamente una ley las considera reservadas como es el caso de determinados actos o documentos de la defensa nacional y de las negociaciones internacionales.
A raíz de las críticas sobre informes presuntamente fraudulentos contratados por parlamentarios, el ministerio público solicitó a ambas cámaras los informes contratados en los últimos años por diputados y senadores. Para sorpresa de la opinión pública, el poder judicial y el congreso no están afectos a la ley de transparencia. Solo el poder ejecutivo con todas sus ramificaciones porque se refiere a actos administrativos que son diferentes de los procesos judiciales y legislativos.
Ahora entiendo por qué razón las veces que he solicitado documentos de los asesores de los parlamentarios me los han sido denegados. El funcionario del parlamento que atiende estos pedidos me ha informado mal al indicarme que los informes de los asesores no son públicos, sino que pertenecen a quien los han elaborado o firmado, de modo que no los pueden entregar a terceros sin la autorización del autor. Lo anterior no debiera ocurrir. Pero el parlamento se guardó sus espaldas cuando se dictó la ley de transparencia para quedar inmune del juicio público en estas materias, en especial cuando cada parlamentario mal usa las desprestigiadas “asignaciones”, incurre en gastos personales, contratación empleados, arriendos, viajes, oficinas fuera del edificio del congreso y otros.
Según un informe de radio Cooperativa, cada diputado nos cuesta a los contribuyentes $ 24 millones mensuales ($ 6,7 de salario más $ 6.0 para gastos, $ 6,0 millones para sus empleados, $ 4 para contratar asesores y $ 1,2 para que funciones su comité). Cada senador nos cuesta $ 31 millones (salario $ 9,1 millones, más $8,3 para gastos, $ 7,2 para sus empleados, $ 4 para asesores y 2,4 para que funciones su comité). Poseen 788 líneas telefónicas que nos cuestan $ 400 millones anuales entre otros abusos. Hay parlamentarios que contratan asesorías de imagen como si se tratara un concurso de belleza. Más caro que tener una amante en la Costa Azul.
La prensa ha revelado conductas impropias como la del senador Navarro quien sufrió un accidente en un turisteo de fin de semana y trató de pasarle la cuenta al congreso como accidente laboral. Otro, Girardi mandaba cientos de cartas personales con cargo al parlamento. El ex senador Naranjo contrató a su señora esposa como asesora y se extrañó cuando un periodista le preguntó cuál era la función de la cónyuge.
No trabajan todo el año. Abandonan el congreso durante 11 semanas distritales y 4 semanas de vacaciones, o sea 3,8 meses al año sin descuentos. No está en su ADN 7/24. Las multas por inasistencia a las reuniones de comité y sala son risibles. Además, no es raro que entren a las reuniones, firmen el libro de asistencia y se retiren. Se nota claramente cuando los noticieros muestran imágenes de la sala o de alguna comisión en que se observan más sillones vacíos que ocupados, o parlamentarios leyendo diarios, hablando por celular o… mirando niñas piluchas por internet. Todos hechos reales.
Respecto a la privacidad de los informes, si bien no están obligados por la ley de transparencia. No hay un informe claro del senado al respecto. Hay que sumar cada item de gastos, parlamentario por parlamentario para tener un total que revele cuanto le cuesta a cada cámara. Los informes de auditoría son precarios. La última cuenta del presidente del senado del 1° de Junio pasado, sobre 2016 tenía siete páginas de retórica sin información importante y dijo que éstas estaban contenidas en un folleto que no lo he podido encontraren la página web del senado.
El Senado ha sido soberbio como un califato al negar la documentación que el ministerio público le ha requerido y en una carta al Sr. Abbott da a entender sentirse “herido” por la insolencia de los ciudadanos de querer conocer los informes de los asesores. ¡No faltaba más! Este no es el senado romano de la antigüedad. Si bien legalmente no está obligado, moralmente es inaceptable su negativa en transparentar el uso de los dineros públicos. Todo sale del bolsillo de los contribuyentes, de modo que tampoco son correctas las explicaciones del senado cuando sostiene que los informes pertenecen a sus autores, por lo que no pueden entregarlos a terceros. Si el estado los pagó, son públicos. La cámara de diputado así lo han entendido y entregó la documentación solicitada.
La suma de todo este tipo de conductas y actitudes son las que generan el desprestigio que ha sido detectado por las diversas encuestas periódicas y que ubica a los partidos políticos y al parlamento en los últimos lugares en cuanto a respeto y credibilidad.
