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Probidad o crisis institucional

columnista5

Las expectativas negativas imperantes afectan en forma adversa al crecimiento de la economía obedecen, entre otros factores, al comportamiento de nuestros políticos cuyo prestigio no supera al 10 % de la percepción de las personas. Han dejado de ser probos. Conductas que no son consecuencia de las instituciones políticas ni de la propia Constitución. No existe una crisis institucional. Los poderes del estado siguen funcionando como también los mercados, las actividades culturales y la sociedad civil. Lo que camina mal es el uso que le dan los “actores”, políticos en general, a las instituciones en beneficio personal o de sus clientes y que les permite apernarse en el parlamento y al poder ejecutivo. Ni el poder judicial escapa de actitudes reprochables. No basta con grandilocuentes declaraciones para modificar leyes prometer con lágrimas de cocodrilos que en adelante “nos portaremos bien”. Los que generamos la riqueza del país, trabajadores, empresarios, educadores y pastores religiosos y organizaciones civiles exigimos un cambio en esas conductas que no requieren alteraciones institucionales sino dar claras señales:

 

  • Cierre del canal de TV del poder judicial porque su reciente uso han transformado los procesos en una farándula inaceptable.
  • Reformar el sistema de calificación de jueces y ministros de corte para garantizar la justicia de acuerdo a principios objetivos.
  • Derogar la ley que aumentó el número de parlamentarios y que creó una plantilla electoral discriminatoria sin respetar la igualdad ante la ley.
  • Eliminar las asignaciones parlamentarias que se ha constituido en una renta anormal, exenta de impuesto, superando con creces a la dieta. Además, reducir la misma por no ser comparable con el trabajo de un ministro. Los parlamentarios se han promovido para formar parte del 1 % más rico del país sin más.
  • Declaración patrimonial de parlamentarios y altos funcionarios públicos, clara y detallada como estado de situación personal y familiar.
  • Limitar la reelección a dos períodos de los diputados y uno los senadores para evitar que el servicio público se convierta en un bien personal.
  • Eliminar la semana distrital (suman tres meses) y reducir las vacaciones a 15 días hábiles como cualquier ciudadano para lograr una legislatura expedita.
  • Modernizar el proceso legislativo propio del siglo XIX.
  • Transformar el SERVEL en una superintendencia con facultades fiscalizadores y sancionadora de los partidos políticos y sus miembros.
  • Entregar al Consejo de la Alta Dirección Pública la designación de los cargos públicos, reduciendo los de exclusiva confianza del presidente, restringir a 60 días los designados transitorios y someter los servicios de consultoría a concurso público.
  • Eliminar las contrataciones a honorarios en el estado

 

Si lo anterior no ocurre estaremos en presencia de “pura música”. Vale la pena recordar que en la última elección, la Presidenta y los parlamentarios resultaron electos con menos del 30 % de la población con derecho a voto.

 

Javier Fuenzalida A.,

Profesor, Universidad Finis Terrae

 

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