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El Cojo y el Empedrado

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El error de esquilmar a sus cotizantes en US$ 9 millones, en particular a los cautivos, los obligó a gastar US$8 millones en sus propios abogados y un alto riesgo de perder en los tribunales, cosa que ocurrió y que les costó otros US$24 millones.

 

Se ignora la agenda de la Comisión de Reforma de las Isapres. El sistema es un oligopolio y sus consecuentes rentas obtenidas a expensas de los cotizantes forzados legalmente a aportar el 7% de sus remuneraciones. Mientras tanto, está circulando un discutible análisis de la consultora Altura Management, que tiene a las isapres entre sus clientes. La consultora postula que no hay tal (el cojo) sino que ellas y sus cotizantes son víctimas de la nueva “Industria de Abogados” especialistas en el tema (el empedrado). Es una grave acusación porque para que esta industria opere se requiere un acuerdo de precio y éste lo fijan los ministros de las Cortes de Apelaciones, lo que sería prevaricación. La tesis es tan simplista como sería sostener que el aumento en la delincuencia sería producto de una colusión de abogados penalistas que se ganan la vida defendiéndolos. Siguiendo esta línea argumental también podría sostenerse que los abogados de las isapres que percibieron US$ 8 millones en su defensa, están coludidos con los abogados defensores de los cotizantes. La imaginación no tiene límites. La Consultora se abstuvo de investigar si estamos frente a un error de estrategia derivado del privilegio por recibir el 7% junto al otro de fijar unilateralmente el precio, contrario al Código Civil y la ley de Derechos del Consumidor.

 

Según la consultora, los honorarios de los abogados determinados por las Cortes de Apelaciones son de US$ 243 por caso y como en 2014 se obtuvieron 99.097 recursos de protección, las costas sumaron US$ 24 millones. La cuenta de los propios abogados de las isapres fue de US$ 8 millones y el congelamiento de precios para los cotizantes un menor ingreso para éstas de US$9 millones, en total US$41 millones. En 2014 percibieron ingresos por US$ 3.174 millones y utilidades por US$ 98 millones. Si la presunta “industria de abogados” no existiera, las utilidades habrían aumentado en ese total, pero el error de esquilmar a sus cotizantes en US$ 9 millones, en particular a los cautivos, los obligó a gastar US$8 millones en sus propios abogados y un alto riesgo de perder en los tribunales, cosa que ocurrió y que les costó otros US$24 millones. Pésimo negocio y nada mejor que acusar a los abogados defensores de los cotizantes. Recurrir a los tribunales a costo cero fue la única opción dejada a los cotizantes porque no hay negociación posible. Este error de estrategia les acarreó un costo de US$ 414 por cotizante. Incluso podría haber un costo tributario por este concepto ya que sería un gasto rechazado que no generó renta.

 

En 2014 las isapres obtuvieron una rentabilidad sobre el capital (que es lo que les interesa a los accionistas) de 16,5% sin riesgos comerciales, lo que se contradice con la relación riesgo/rentabilidad. La Superintendencia de Salud no ha hecho ninguna investigación o estudio sobre el tema. Parece jugar un rol de capturado. Tampoco lo ha hecho el Sernac, ni la Fiscalía Nacional Económica. El mejor de los mundos para un mercado imperfecto.

 

 

Javier Fuenzalida A.

Profesor Universidad Finis Terrae

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