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La Burocracia en Contra del Mercado

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Preguntamos por qué habiendo una demanda insatisfecha tan obvia, no se instalan más plantas. Nos respondieron que ello es imposible porque el Estado lo prohíbe.

 

El socialismo y en especial su burocracia creen que pueden sustituir al mercado. El resultado es siempre fatal. No hay país alguno que haya alcanzado el desarrollo mediante una dictadura socialista. Los ensayos de ingeniería social en nuestro país no son pocos y el Ministerio de Transportes no es una excepción. Al desastrado Transantiago esta vez le sigue la revisión técnica de vehículos motorizados. Desde hace años una revisión de 15 minutos va precedida de un tiempo creciente de espera en colas. La materia no tan gris del ministerio recién acaba de percatarse que hay que autorizar más plantas.

 

Algo que era obvio hace cuatro o cinco años. Lo más increíble es que en lugar de reconocer su nula capacidad de previsión nos comunica que a futuro continuará “regulando” dicho proceso para saber cuántas plantas revisoras se necesitan.

 

Existen 4,5 millones de vehículos motorizados que alguien, un conductor, tuvo que llevar a revisión y tuvo que hacer una cola de 4 a 5 horas (personalmente gaste inútilmente cuatro horas y quince minutos). Perdimos ese tiempo en producir algo de valor y eso tiene costos.

 

El PIB per cápita este año debiera ser del orden de US$ 21.000. Por otra parte trabajamos 1.760 horas anuales, que equivalen a US$12 por hora. Si hay 4,5 millones de vehículos, igual número de conductores tuvieron que llevarlos a las plantas revisoras haciendo cuatro a cinco horas de colas en que se perdieron 4,5 horas por 4,5 millones de vehículos, en total 20,3 millones de horas/hombre cuyo valor, a US$12, da un total de US$243 millones. Es una pérdida porque nadie ganó algo. No fue un beneficio para el concesionario como tampoco fue un impuesto percibido por el estado. Es una pérdida neta que hay que cargársela al Ministerio de Transportes que tardó años en percibir algo que el mercado lo hace de inmediato.

 

Los que tuvimos que sufrir esta tortura (¿Qué opinara la Directora del Instituto de Derechos Humanos?) y preguntamos por qué habiendo una demanda insatisfecha tan obvia, no se instalan más plantas. Nos respondieron que ello es imposible porque el Estado lo prohíbe. El número de plantas y el precio lo fija el Ministerio de Transporte previa licitación. ¿Y por qué no se llama a una nueva licitación? La respuesta es siempre la misma: porque el estado es cruel.

 

A la burocracia le importa un comino que el país se empobrezca en US$243 millones que podrían financiar menos colas en los hospitales públicos, o subsidios para las viviendas sociales o nuevos jardines infantiles para los 700.000 niños que no tienen donde comenzar a educarse. Estas consideraciones no conmueven a la burocracia del transporte porque “no es su problema”. Pero sí lo es para la Presidenta Bachelet. Ella es la que manda. En vez de dedicarles párrafos a los perros, pudo ofrecernos a los humanos una solución para que el mejor uso del tiempo contribuya además a resolver la desigualdad que tantos desvelos dice producirle.

 

 

 

Javier Fuenzalida A.

Profesor, Universidad Finis Terrae

 

 

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