Tarifas de notarios, tarifas de notificadores, tarifas de conservadores de bienes raíces, tarifas de archiveros judiciales, precio de cédula de identidad, precio de pasaportes de $ 90.000 y solo $ 4.000 para la cédula de identidad, tasas de embarques y tarifas aeroportuarias, servicios del SAG, precio de los combustibles, entradas a parques nacionales, y muchas otras más ¿con qué criterios se fijan estos monopolios naturales de servicios?
Por ejemplo, una ley le otorga facultades a la DGAC para fijar las tarifas aeroportuarias pero no existe ningún criterio para determinar su nivel. No habiendo competencia posible, no tenemos alternativas. Cuando se trata de monopolios naturales en manos privadas el estado fija el precio para evitar la explotación monopolística como es el caso de la distribución de energía eléctrica, sanitaria o las concesiones viales. Se simula una remuneración no monopólica del capital y se fija el precio. Pero en el caso de los aeropuertos no existe tal criterio. Al menos no se conocen estudios de evaluación social de servicios aeroportuarios de modo que la DGAC las fija a su arbitrio y parte de esas tarifas las emplea en servicios que nada tienen que ver con un pasajero que se embarca. Así un pasaje one way de Santiago a Buenos Aires cuesta $ 63.000 para recorrer 1.138 km en un avión que cuesta US $ 20 o 50 millones. En cambio para recorrer 200 metro entre la puerta del edificio del aeropuerto hasta la puerta del avión pagar $ 18.000 o el 30 % del pasaje. ¿Cómo se fijan las tarifas portuarias, del SAG?
Una fotocopia en un lugar cualquiera de Santiago cuesta $50, pero en el Archivo Judicial vale $ 3.990. Un escueto decreto fijó el valor en algo cerca de $ 600 hace cerca de 15 años pero hasta el momento ni el Ministerio de Justicia ni el poder judicial han podido responder como se ha reajustado y sobre qué bases se fijaron esas tarifas. En los monopolios naturales privados cuando el estado fija sus precios le fija una tasa máxima de rentabilidad a su capital ¿Cuál es la remuneración que se fijó para el Archivero después de cubrir sus costos? Otro tanto ocurre con notificadores notarios y conservadores. ¿Cuál es el precio social que Enap puede cobrar? Otro misterio del estado cruel. Por qué si los parques nacionales son un bien público puro y su precio debe ser cero se le cobra a quienes ingresan? ¿Qué rentabilidad se le permite obtener a los concesionarios de obras públicas?
Son todas estas preguntas que los ciudadanos se formulan casi a diario cuando deben utilizar los servicios del estado, pero otro servicio que debe cuidar de que no haya explotaciones monopólicas, como es la Fiscalía Nacional Económica, nunca ha osado examinar los casos como los señalados. A las diversas superintendencias como Bancos, AFP, Salud, Servicios Eléctricos, Ministerio de Agricultura, Universidad de Chile para poder dar la PSU?
¿Habrá una retroexcavadora para defendernos de los abusos del estado? ¿Podemos acudir al Instituto de los Derechos Humanos?
Javier Fuenzalida A.
Profesor, Universidad Finis Terrae
