El Estado y la burocracia continúan adoptando decisiones contrarias al bienestar de los ciudadanos. Prefieren chutear para adelante porque hay que pensar.
En muchos países el problema de la basura ha sido resuelto o aminorado atacándolo en su origen: cómo se tratan los distintos tipos de basuras en el domicilio. Así, los edificios, disponen de tres ductos para botar basura: uno para vidrios y plásticos, otro para papeles y cartones y un tercero para orgánicos. Los subterráneos cuentan con compactadores de basura para caca uno de estos tres tipos de deshechos. Los dos primeros son retirados por la industria recuperadora o reciclaradora y el tercero, reducidos a pequeños volúmenes compactados, sin aire ni líquidos, se envían a los rellenos sanitarios que de inmediato son cubiertos. El volumen físico de basura orgánica compactada de esta manera es mucho menor casi son olores o líquidos que debidamente cubiertos no producen malestar a la población cercana.
El intendente Orrego debiera conocer esta tecnología, como también los ministros de Medio Ambiente, salud, agricultura, minería y economía integrantes del Comité que aprobó el basurero. El ministro Mena impúdicamente declaró que se rechazaban los reclamos de la comunidad porque se entiende (¿?) que el proyecto mitiga, compensa y evalúa los eventuales perjuicios. Supuso, no fue categórico.
Hace años que debiera haberse modificado la ley general de urbanismo y construcción para establecer este tipo de normas en lugar de legislar sobre asuntos banales para la población.
Frente a la indolencia estatal, los vecinos podrían haber procedido conforme acuerdo a la norma constitucional (Art 107) sobre plebiscitos vecinales y la ley 20.500. Tal vez no lo sabían, pero era un deber moral del estado, fisco y municipalidad de Til Til, haberlos convocado para pronunciarse. Si bien este mecanismo no es vinculante, si los vecinos de Til Til se hubieran manifestado mayoritariamente en contra con toda seguridad el Comité de Ministros o las autoridades medioambientales no lo habrían aprobado y votado en contra el basurero.
Algunas comunas lo hicieron como Santiago 2001 en varias oportunidades como la restricción vehicular; Vitacura 2009, 80 % rechazó la construcción en altura; Peñalolen 2011, 52 % contra proyecto del alcalde Orrego, hoy intendente de RM; Las Condes, sobre construcción de un mall pero Castro 2012 aprobó por 92 % la construcción de uno a pesar de la condena por parte de arquitectos y urbanistas no residentes. Concepción, y algunas otras también han utilizado el referéndum y ha obligado a alcaldes y concejales a renunciar a ideas o proyectos descabellado para el bienestar de los vecinos. Cerca del 60 % de las comunas han realizado algún tipo de consulta ciudadana. ¿Qué hizo el estado en esta ocasión? Al parecer nada.
Si algunos vecinos de Til Til fueran Diagitas o Mapuches, habrían podido invocar el Convenio 169 sometiéndose el basurero estatal a decisión de esos pobladores originarios y el estado obligado a acatar. Con toda seguridad se habría rechazado el proyecto. Por desgracia, en Til Til solo vive gente modesta pero chilenos. No hay convenio 169 para los habitantes de nuestro país.
