Municipalidad de Rancagua interpuso una querella contra quienes resulten responsables de los delitos de estafa, fraude al fisco, y apropiación indebida.
Tras una fiscalización a la Corporación Municipal (CORMUN) de Rancagua, la Contraloría decidió enviar al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes derivados de un informe que estableció irregularidades en la contratación, en el año 2018, del servicio de ‘Medición de Parámetros Físicos y Nutricionales’, que se realizaría a través de la aplicación IVEIS, y que estaba destinado a estudiantes de establecimientos públicos de la ciudad.
El informe de Contraloría establece que para llevar a cabo este servicio, se adquirieron 7.535 pulseras electrónicas, igual número de tarjetas SIM, además de smartphones e incluso se contrató una clínica de fútbol.
La Contraloría, primero, formuló reparos al costo de este servicio contratado por la Cormun, cuyo valor total llegó a los $448.332.500.
De acuerdo a valor de mercado, una pulsera inteligente, con chip, tiene un costo de 12.990 aproximadamente. Por lo tanto, el valor por la compra de 7.535 pulseras inteligentes -en el mercado- llega a $97.879.650.
Cabe hacer presente que los dineros empleados para la adquisición de estas Pulseras y los servicios anexos, corresponden a los dineros destinados a alumnos prioritarios o vulnerables de la comuna con ocasión de la Ley SEP.
Además, la Contraloría detectó que no se habrían entregado 7.535 tarjetas SIM y 165 pulseras inteligentes a los estudiantes, ya que no se pudo acreditar el destino final de estos productos; y que, por lo tanto, este servicio de Medición de Parámetros Físicos y Nutricionales no se habría realizado, ya que no se corroboró su utilización en todos los establecimientos educacionales.
Debido a estos antecedentes, el municipio de Rancagua interpuso contra quienes resulten responsables de los delitos de estafa, fraude al fisco, y apropiación indebida, producto de este hecho ocurrido mientras era alcalde Eduardo Soto.
