La reciente Ley de Cumplimiento Tributario, impulsada como herramienta para combatir la evasión fiscal y fortalecer la equidad económica, ha encendido un intenso debate que atraviesa a empresarios, emprendedores y autoridades fiscales. La normativa exige que las instituciones financieras informen al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre cuentas que reciban más de 50 transferencias en un mes o 100 en un semestre, estableciendo un umbral claro, pero no exento de polémica.
Mientras el objetivo declarado es regular la informalidad económica, su aplicación ha generado preocupaciones legítimas sobre cómo afecta a los micro y pequeños emprendedores, quienes, sin pretensiones de evasión, podrían ser alcanzados por esta medida debido a la simple dinámica de sus operaciones cotidianas. Por otro lado, la exclusión de las tarjetas de prepago no bancarias como instrumentos fiscalizados ha generado críticas sobre posibles brechas de control, a lo cual el Ministerio de Hacienda ha respondido con un enfoque pragmático, pero temporal.
Un contexto económico frágil
La implementación de esta normativa debe ser entendida en un escenario económico que exige precisión y cautela. Las últimas proyecciones entregadas por el Banco Central de Chile, en su Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre 2024, anticipan un crecimiento del 2,25% al 2,75% para 2024, mientras que para 2025, la cifra se ajusta a un rango más modesto entre 1,5% y 2,5%.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un crecimiento del 2,5% en 2024, con una leve baja para 2025, situándola en 2,4%. Estas estimaciones reflejan una recuperación moderada, con desafíos como la persistencia de la inflación y una reactivación lenta del mercado laboral.
Así, en un entorno global incierto, influenciado por tensiones comerciales y fluctuaciones en la demanda externa, el panorama económico obliga a Chile a ser pragmático en sus políticas fiscales.
Docente de las carreras del área Administración
IP-CFT Santo Tomás, sede Rancagua
