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Tribunales de la jurisdicción Rancagua han ordenado el pago de $159 mil millones por deudas de pensiones de alimentos a cuatro años de la creación del Registro de Deudores

Ayer -18 de noviembre- se cumplieron cuatro años desde la entrada en vigencia de la Ley 21.389 que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y el Poder Judicial dio a conocer el balance acumulado, destacando el impacto sostenido en el cumplimiento de las obligaciones legales y el alto desempeño de todos los integrantes de los juzgados de familia del país.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio a conocer las estadísticas consolidadas sobre la ejecución en estos cuatro años los mecanismos de cobro establecidos en la Ley N° 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, la judicatura ha ordenado pagar un monto acumulado de 3.885.443.300.562(3,88 billones), “que equivale al 1,98% del PIB de Chile”, dijo.

En el caso de la jurisdicción de Rancagua, los tribunales con competencia en materia de Familia de la región decretaron, durante ese período, órdenes de pago por un total $159.020.971.197 a 42.964 representantes legales.

Esta cifra se divide en las dos opciones de cobro que brinda la ley:

*       En el Procedimiento Especial (retención de fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros): se han ordenado pagos por $21.104.672.780, alcanzando a 24.551 representantes legales.

*       En el Procedimiento Extraordinario (pago con cargo a los fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias en AFP): se han decretado órdenes de pago por $137.916.298.417, alcanzando a 18.413 representantes legales.      

De acuerdo con las estadísticas consolidadas, entre el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los 141 tribunales con competencia en materia de Familia del país han ordenado un total de 728.700 inscripciones en el registro de deudores, de las cuales 376.644 se encuentran vigentes y 352.056 ya han sido canceladas.

En el caso de la región, las inscripciones vigentes en este registro alcanzan las 22.495, las que se dividen en:

*       Juzgado de Familia de Rancagua: 10.321

*       Juzgado de Familia de San Fernando: 3.858

*       Juzgado de Familia de Rengo: 3.008

*       Juzgados de Letras y Garantía de San Vicente: 1.799

*       Juzgado de Familia de Santa Cruz: 1.649

*       Juzgados de Letras y Garantía de Peumo: 1.005

*       Juzgados de Letras y Garantía de Pichilemu: 430

*       Juzgados de Letras y Garantía de Litueche: 294

*       Juzgados de Letras y Garantía de Peralillo: 131

“El pago oportuno de las pensiones de alimentos es trascendental para que las personas puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales desde su infancia, pues así tendremos una sociedad conformada por personas sanas y equilibradas. Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente, pues se deben adoptar todas las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de todas las personas y en especial, de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich.

El ministro encargado de Asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Enrique Durán, indicó que “el rol de nuestros tribunales es adoptar todas las medidas para proteger los derechos de las personas y los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el pago de oportuno de las pensiones de alimento es esencial para la protección de la infancia y estas cifras a nivel regional y nacional dan cuenta del trabajo y su impacto significativo en la vida de estas familias”.

Agregó que “esto ha significado un gran esfuerzo por las personas que trabajan en los tribunales en competencia en Familia, dado que estas nuevas leyes no implicaron recursos adicionales, por lo que tuvimos que mejorar los procesos y generar nuevas líneas de trabajo para responder a las familias de niños, niñas y adolescentes más vulnerables”.

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