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¿Quién vela por la competencia?

Lo que se requiere es mandatar a los superintendentes para que velen por la competencia del sector bajo su responsabilidad y denuncien las anomalías ante las autoridades pertinentes.

 

Casi a diario los medios de comunicaciones dan cuenta de falta de competencia en determinados sectores de la economía, a pesar del DL 211 que creó la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, más otras que establecieron los derechos del consumidor, sobre la competencia desleal, el Sernac y Sernac Financiero. Sin embargo no ha sido suficiente a juzgar por las innumerables conductas y actos atentatorios contra la libre competencia.
Nuestras instituciones públicas están rigurosamente obligadas a ceñirse a lo que taxativamente le ordena y permite la ley. Así por ejemplo, la fiscalización de los actos de las sociedades anónimas abiertas está encomendada a la SVS, la de los bancos mediante la SBIF, la de la previsión (SAFP) de la salud (SS) y otras como el comercio, minería, agricultura, silvicultura, pesca, comercio, transporte, comunicaciones, etc. a través sus respectivas direcciones administrativas. Ninguna disposición específica de la abundante y enmarañada legislación se refiere a la competitividad de los mercados. Así cuando ocurren hechos como los de la Polar, Inverlink, las farmacias, los pollos, el Superintendente de Valores y Seguros observa pasivamente los hechos que distorsionan o inhiben la competencia sin iniciar alguna gestión. Si se denuncia el abuso de la posición dominante, falta de competencia, colusión, conductas monopólicas, no toma iniciativas y queda a la espera de la acción que asuma la FNE o el propio TDLC. Otro tanto ocurre con el superintendente de Bancos.

 

Hay conductas anti competitivas respecto de las Pymes, microempresas y consumidores, pero como la ley de bancos no ordena al superintendente velar por la competencia del sector, éste se limita a observar. Igual comportamiento de los superintendentes de AFP, Energía y Combustibles, el de Transporte y Comunicaciones, el director de la DGAC y los demás. Peor aún, hay leyes que contienen disposiciones que incentivan la competencia monopolística como el caso de las isapres y su superintendente se omite, sin siquiera advertir de tales males a sus superiores. Menos aún denunciarlos a la FNE.
Por otra parte, la FNE y el TDLC están sobrecargados con denuncias que demandan complejos estudios legales y económicos para acreditar los delitos en contra de la competencia y que implican largos procesos, con lo que no quedan recursos disponibles para observar el comportamiento de los mercados e iniciar de oficio las investigaciones que ameritan.
Nada de esto ha sido abordado por los candidatos a la Presidencia. No se trata de otorgar mayores facultades a las autoridades que los transformarían en juez y parte, vició que costó mucho tiempo para erradicar. Lo que se requiere es mandatarlos para que velen por la competencia del sector bajo su responsabilidad y denunciar las anomalías ante las autoridades pertinentes, a la justicia ordinaria, la FNE, el TDLC, Sernac, según corresponda. Paralelamente debe dotarse a la FNE y TDLC de recursos que les permita hacerse cargo de las conductas y actos que ocasionan tales delitos.

 

 

Javier Fuenzalida A., Profesor,

Universidad Finis Terrae

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