El “Otro Modelo” es el soporte intelectual del programa de Bachelet. En abultadas más de 300 páginas, su mayor esfuerzo es demonizar la economía de mercado (mal llamada neoliberal), ensalzan un esquema alternativo anónimo e impreciso, bien podría ser el “antiguo socialismo” que es lo que efectivamente proponen. Su vaguedad podría sustentar regímenes que van desde Norcorea a Ecuador.
Su punto central es la superioridad del interés general sobre la soberanía de la voluntad de los individuos. Este supuesto, no demostrado, puede llevar a minimizar el ejercicio de los derechos de las personas establecidos en la actual Constitución, por ejemplo cuando se predica la sindicalización obligatoria violando la libertad de trabajo o la desaparición de la educación privada que va en contra de la libertad de la educación. Así, sin precisarlos, los derechos estarán sujetos a restricciones impuestas por leyes específicas, subterfugio copiado de la constitución cubana que, reconociendo los derechos esenciales de las personas, condiciona su ejercicio a una ley que anula el reconocimiento constitucional.
Un buen ejemplo es la Contribución de Bienes Raíces que el SII, una vez más, retasará los valores de las propiedades para aumentar el rendimiento de ese impuesto e incorporar a miles de miles de propietarios exentos a pagar ese tributo (una forma tramposa para subir el impuesto).
La Constitución (N° 20, Art 19) ordena que los impuestos recaerán sobre las rentas, por lo tanto todo impuesto patrimonial (herencia y propiedad de bienes raíces) es inconstitucional. Es más, la misma citada norma agrega que todos los impuestos ingresarán al patrimonio de la Nación, por lo tanto no puede haber impuestos de afectación, lo que agrega una inconstitucionalidad adicional. A fin de dar tiempo para sustituir las contribuciones por recursos fiscales se agregó el artículo 7° transitorio que señala que los impuestos de afectación existentes a la fecha de la promulgación, continuarían vigentes hasta que una ley específica los sustituyera por otro tipo de imposición.
Han transcurrido 33 años desde su promulgación, 13 años del gobierno militar, 20 de la Concertación y 4 de la Alianza y ninguno ha cumplido con el mandato constitucional. No ha sido de interés general respetar la norma constitucional.
Estamos próximos a una nueva elección en que Bachelet espera ganar y por lo tanto aplicar las recetas del Otro Modelo expuestas con bastante vaguedad en su programa.
Ahora que el PC ha emergido con gran fuerza, enemigo de la economía de mercado, el interés general será la pauta para disminuir la libertad de las personas. No por algo, hace algunos años, la alcaldesa de Santiago, en un trabajo sobre reformas constitucionales, escribió que los derechos constitucionales han permanecido “intocados”. Razón tiene Lucía Santa Cruz para manifestar sus aprehensiones.
Javier Fuenzalida A. Profesor,
Universidad Finis Terrae
