Han pasado pocos días desde el inicio del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y muchos desde la centroderecha no podemos dejar de decir que lo que hemos visto y escuchado hasta el momento nos produce mucha desconfianza sobre el rendimiento y las acciones que este gobierno llevará a cabo en el país.
Simplemente lamentable ha sido observar la comedia de errores que se han producido a raíz del nombramiento de intendentes, gobernadores y secretarios regionales ministeriales, de los cuales ni siquiera se salva el gobierno regional de O’Higgins. Indignante ha sido ver cómo un conglomerado muchísimo más grande que la Alianza por Chile y, que por lo mismo, hacía suponer que tendría gente de sobra para instalar en el aparato administrativo del Estado, no ha podido conseguir personal adecuado a las exigencias de probidad y transparencia, que los medios y la ciudadanía han hecho valer a esta nueva administración, tal como lo hicieron con la anterior. Ni siquiera se han visto librados de las acusaciones de conflicto de interés, con las que tantas gárgaras hicieron en su tiempo los miembros de la antigua Concertación. Decepciona también que los partidos de la Nueva Mayoría, con un doble estándar increíble, o quizás mala memoria, elija usted, han justificado y apoyado los nombramientos sin hacer ninguna clase de miramiento a las irregularidades que las personas involucradas en los nombramientos ostentan.
Relacionado con lo anterior, lamentamos la arremetida de la Nueva Mayoría sobre los funcionarios del Estado, sobre todo aquellos nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública y aquellos que venían trabajando con la Concertación y aceptaron seguir trabajando bajo la administración Piñera. Totalmente humillados y despojados de sus cargos, producto de venganzas políticas y desconfianzas que no tienen relación alguna con los perfiles técnicos de algunos cargos. En el caso de los puestos ADP, cada desvinculación le cuesta a los chilenos 18 millones de pesos. Todo esto, con el cómplice silencio de la CUT y la ANEF, más que entes sindicales, verdaderos partidos políticos al servicio de la Nueva Mayoría.
Sumado a todo lo antes dicho, los ejes del nuevo gobierno generan preocupación. Una reforma tributaria que podría poner en riesgo el crecimiento y el empleo, sobre todo en el sector de las pequeñas y medianas empresas; la voluntad de generar una nueva constitución sobre la base de una propuesta que nadie conoce; y movimientos en el sector educación que buscan destruir la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a decidir el futuro educacional de sus hijos, a través de anuncios como la demunicipalización y el fin del financiamiento compartido. Es más, en esta región todavía subsiste la majadera idea de instalar una universidad regional, que ha demostrado hasta el cansancio, que es una idea equivocada, puesto que el enfoque está en otro lado.
Esas y otras cosas que no caben en este espacio hacen presagiar que se quiere aprovechar el tiempo y la descoordinación de la centroderecha para cumplir con el programa presidencial. Mas el gobierno no se ha preocupado de socializar con el resto de los actores políticos esos cambios, porque le conviene. Quizás la Nueva Mayoría tenga ventaja en ambas cámaras del Congreso, pero con la desconfianza que tenemos en la centroderecha y en la masa de ciudadanos que no votaron, ellos son la gran minoría. Tendrán que empezar a dar muchas explicaciones.
Jorge Acuña Díaz.
Abogado
Militante RN.
