Llama la atención los comentarios y declaraciones de quienes tienen que ver con la demanda boliviana. Extremadamente legalista frente a un tribunal que no lo es tanto. La experiencia peruana fue clara. Una parte del fallo no fue en derecho y se amparó en una disposición del estatuto del Tribunal de la Haya (Art. 38 c) que señala que los fallos deben basarse en las normas generales del derecho, precepto vago e impreciso y peligroso y que algunos jueces lo confundieron con una presunta equidad.
Esa experiencia indica que debe desconocerse la jurisdicción del tribunal por cuanto la demanda boliviana es caso juzgado por el fallo del 22 de Noviembre de 1925 de la Liga de las Naciones que declaró inadmisible su demanda porque el tratado de 1904 estaba y está plenamente vigente.
Un segundo paso es la recusación de varios jueces que en el caso de la demanda peruana se apartaron del derecho y fundamentaron su voto respecto de la oblicua a partir de la milla 80 apelando al principio ex oequo et bono, en castellano, equidad, ignorando que el propio estatuto del tribunal exige la aceptación de ambas partes para su aplicación. Si no fue así, interpretaron torcidamente los principios generales del derecho ya que la precaria riqueza más allá de la corriente de Humbold es un hecho natural que no origina derecho alguno. O bien apelaron a los derechos expectaticios que tampoco lo son sino apenas meras aspiraciones. Es por ello que el gobierno de Chile deberá recusar a los jueces Gaja, Sebtinde, Sepúlveda Amor, Owada, Abraham, Bennouna, Skotnikov, Cancado Trinidade, Yusuf, Donoghue y, Guillaume que votaron apartándose del derecho.
Un tercer paso es estar atento en la ONU al nombramiento de nuevos jueces, ya que Sepulveda Amor, Skotnikov, Dewnoghue, Keith y Bennouna terminan su período el 2015. Pueden ser reelegidos, pero desde ya nuestra cancillería debería iniciar una búsqueda de jueces probos, estudiando sus antecedentes y fallos para asegurarse que respetan derecho. Los nuevos jueces son elegidos por mayoría absoluta por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad de la ONU, de modo que existe cerca de 190 países que votarán los nombres que sean propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje. Hay una pesada tarea por delante y no hay que confiarse sólo en la argumentación jurídica de nuestra defensa porque puede nuevamente prevalecer lo políticamente correcto. Finalmente, ojo con la burocracia internacional fuertemente atrincherada en los organismos internacionales, proclive a la “equidad internacional” y los derechos expectaticios como norma.
Uno de los argumentos “tradicionales” de Bolivia ha sido que su encerramiento injusto territorial le ha impedido el desarrollo. Falso. La tasa media de crecimiento económico de Bolivia 1990 – 2013 ha sido de 4,1 % anual y la de Chile 5,1%. Pero desde el 2005 al 2013 la de Bolivia ha sido 5% y la nuestra 4,6 % ¿No deberíamos solicitar a la corte que Bolivia nos ceda territorio?
Javier Fuenzalida A.
Profesor, Universidad Finis Terrae
