Analizando la Reforma Tributaria, con el profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica, Patricio Fernández B., hice presente mi punto de vista económico y él me aportó su punto de vista jurídico, concluyendo brevemente lo siguiente: Existen 366 municipios en nuestro país. La mayoría modestos y faltos de recursos. Tienen ingresos cercanos a los $ 6.700 miles de millones y gastos por $ 7.400 miles de millones, siendo que la diferencia de $3.300 miles de millones la cubre el fisco a través de transferencias que la Dirección de Presupuesto las define como “donaciones”. Además tienen un pasivo de deudas vigentes de $1.300 miles de millones.
La reforma tributaria será un duro golpe propinado a las municipalidades, ya que aumentará el déficit señalado. Muy simple. Los ingresos tributarios municipales por patentes representan el 17% de los ingresos propios municipales y suman $ 500 mil millones anuales. No es poco para instituciones que no consiguen financiarse y deben acudir en su ayuda, el fisco o el sector privado. Por otra parte, una alta proporción de las viviendas están exentas del pago de contribuciones.
La reforma tributaria en discusión producirá un importante impacto en el patrimonio de las empresas, desde el momento en que los accionistas, socios y dueños deberán pagar impuesto a la renta sobre las utilidades devengadas y no por las utilidades distribuidas. En consecuencia, las utilidades que no se repartan dejarán de constituir parte del patrimonio de las empresas, por cuanto pertenecerán a sus dueños y accionistas desde el momento en que efectuaron el pago del impuesto a la renta por ellas. En el futuro deberán contabilizar las utilidades no distribuidas como un pasivo exigible y no como un pasivo no exigible, que forma parte del patrimonio gravado con patente municipal. Decrecerá consecuentemente el patrimonio afecto a la patente municipal con que están gravados los contribuyentes de la primera categoría que pagan dicha patente.
¿De dónde saldrá la diferencia? Este menor ingreso municipal no está considerado dentro de los US$8.400 millones destinados a financiar la educación.
¿Dónde está la voz de los alcaldes y concejales?
Javier Fuenzalida A.
Profesor, Universidad Finis Terrae
