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La izquierda quiere volver al sistema previsional de reparto, en el que todas las cotizaciones previsionales van a un fondo común, dejan de ser propiedad del cotizante, una expropiación patrimonial. Con esos recursos se pagan los beneficios, principalmente pensiones de vejez. Imperó en Chile hasta 1981 cuando fue sustituido por el actual.

 

El sistema de reparto fue el mayor abuso político y corrupto habido en el país porque se fueron creando privilegios discriminatorios según el poder de grupo con influencia de todo orden. En estricta teoría, si tanto las contribuciones como los beneficios fueran iguales para todos los ciudadanos equivalentes, el sistema funcionaría bien porque operaría el mecanismo crediticio intergeneracional. Un imponente estará contribuyendo al fondo común con un porcentaje de su remuneración para pagar las pensiones de los pasivos. En compensación, cuando esa misma persona se pensione en el futuro, dejará de contribuir porque otra, más joven, lo estará financiando. Lo malo es que políticos y burócratas no solo se dejan capturar por los grupos de poder, en desmedro de los que no gozan de influencia y, de pasada, se auto crean beneficios exclusivos para ellos.

 

En Chile llegaron a existir 34 cajas de previsión, 90 organismos públicos con injerencia en su gestión y 600 textos legales que crearon cientos de excepciones. La fuente de recursos eran las imposiciones, 10% con cargo a la remuneración del empleado y 20% de cargo del empleador. El sistema crecía en cerca de 10% anual cuando el PIB apenas lo hacía en 3%. Estaba siempre desfinanciado porque las excepciones arbitrarias que se iban creando no tenían financiamiento, debiendo el Estado hacerse cargo del déficit que llegó a representar el 6% de los ingresos públicos.
De los ingresos, solo el 63% era destinado a pensiones, 31% a gastos de gestión y quedaba un saldo de 6% de excedentes. El alto costo se originaba por burocracia, ineficiencia, falta de control, malas inversiones, etc. La ley establecía que los obreros jubilaban a los 65 años, los empleados particulares con 35 años de trabajo y los públicos con 30 años, los parlamentarios con 15, los bancarios con 12, y también con 0 (la pensión era igual al valor de la última remuneración percibida), etc. La pensión se calculaba como el promedio de las remuneraciones de los últimos 60 meses excepto los empleados públicos con 36 meses, pero en un ambiente de inflación de 30% a 90% anual, esos promedios arrojaban una exigua pensión ya que no había reajuste automático, acabando en una pensión de $0 como fue ilustrado por un diario con el cheque mensual enviado a un pensionado. Solo unos pocos gozaban de pensiones reajustables. Los había cuya pensión eran siempre igual a la remuneración vigente para la función que había ejercido, se llamaba perseguidora. El parlamento dictaba leyes que inventaban antigüedad a alcaldes, regidores, ex parlamentarios y ministros.
Ese es el sistema, en sus orígenes con una cierta pureza, pero que en manos de los políticos se fue prostituyendo. Recrearlo nos llevará el mismo destino por el impudor característico de los que ejercen el poder desde la Presidencia o del Congreso.

 

 

Javier Fuenzalida A.

Profesor, Universidad Finis Terrae

 

 

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