La agenda energético lanzada por el ministro Pacheco toma en cuenta el potencial energético de la región de Aysén en 6.000 MW de los que el proyecto hidroaysen aportaría cerca de 2.750 MW.
Hasta el momento han transcurrido cerca de un mes desde que, apelando a la ley de transparencia, solicité al Ministerio de Medio Ambiente, el acta de la reunión del 10 de Junio pasado en que el Comité de Ministro (Agricultura, Salud, Economía, Energía, Minería) revocó la autorización ambiental para el desarrollo de este proyecto, con objeto de conocer los argumentos de los ministros concurrente, los argumentos de sus miembros y su sustentación basada en estudios sobre la materia. Aun no he recibido el acta solicitada. Ante el silencio que deberé recurrir al Consejo de la Transparencia. La última acta publicada en la página web de ese ministerio es la del 8 de Agosto de 2013. Atraso injustificado.
Sólo hemos tenido noticia de la reclamación de Hidroaysén en contra de la decisión de tal comité. Sin embargo la prensa ha dado cuenta de la opinión inaudita del Ministro de Medio Ambiente Badenier, quien en un oficio del 7 de Agosto enviado al Director General de Aguas (DGA), señala las razones por la que debiera resguardarse estas cuencas, entre otras, “al hábitat de especies dulce acuícolas en categoría de amenaza”. En buen castellano los pecados ¿No señala cuántos componen ni qué valor tiene masa biológica, si es que es una masa de consideración. Para el Badenier vale mas que la energía que produciría por mas de 100 años la potencia instalada de 2.500 MW. Miles de millones de dólares. Ni el caviar de Beluga tiene tanto valor.
Ante requerimientos de la Contraloría, la DGA informó al Contralor que iniciará un estudio técnico y legal de los pescados para poder rechazar los permisos de aprovechamiento no consuntivo de las aguas, adicional a los ya otorgados desde 1990 para tal proyecto. Es un acto administrativo ilegal y que debiera originar un sumario administrativo en la DGA por no cumplir las resoluciones del contralor y en subsidio solicitar de la Corte de Apelaciones un recurso de reclamación de ilegalidad de la acción del Director General de Aguas.
Al parecer el estado está practicando una “elusión” que, en materia tributaria, será un delito con fuertes sanciones de acuerdo al nuevo proyecto de impuestos.
Javier Fuenzalida A.
Profesor, Universidad Finis Terrae
