Juzgado de Garantía de Rancagua decretó firma quincenal para ex Consejero regional
Luego de más de 6 horas de audiencia de formalización, hoy –lunes 21 de septiembre- el juez de Garantía de Rancagua, Luis Barría, decretó la medida cautelar de firma quincenal para Héctor Jorquera López, ex Consejero Regional de O’Higgins, imputado por el Ministerio Público por el delito de negociación incompatible. Asimismo, el magistrado ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno para Reinaldo Vergara, Magdalena Garcés, Elizabeth Sandoval, Simón Figueroa, Rodrigo Figueroa, Esteban Arancibia y Rodrigo Hernández, acusados de los delitos de estafa al Fisco y falsificación de instrumento privado.
Todos ellos estarían involucrados en irregularidades en la ejecución de proyectos de cultura, deportes y seguridad pública financiados con el 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) entre los años 2011 y comienzos del 2014.
En la audiencia, el Ministerio Público señaló que la investigación se inició a mediados el año recién pasado, a raíz de una denuncia emanada desde la propia Intendencia Regional de O’Higgins, y que motivó, entre otras diligencias, incautaciones en la casa del Gobierno Regional y domicilios particulares, en busca de esclarecer los hechos luego de que surgieran indicios contables y administrativos sobre proyectos con adjudicación económica para su financiamiento y que nunca se ejecutaron. Según la fiscalía, cada asignación de recursos a estos supuestos proyectos, bordean entre 10 y 20 millones pesos, perjuicios que hasta ahora totalizan cerca de 180 millones de pesos.
Finalmente, el magistrado estableció 90 días como plazo para la investigación.
Accidentes de tránsito durante Fiestas Patrias en la Región dejaron 4 personas fallecidas
A pesar de las campañas preventivas realizadas por Carabineros de la VI Zona, durante estas Fiestas Patrias, se debió lamentar el fallecimiento de cuatro personas producto de accidentes de tránsito, una menos que el año pasado. Además, hubo un total de 33 accidentes de tránsito en toda la Región de O’Higgins, lo que significó un 50% menos de los ocurridos en la misma fecha del 2014.
De las cuatro personas que fallecieron, tres de ellos fueron a causa de atropellos en las comunas de Graneros, Rengo y Chimbarongo, mientras que la otra fue producto de un choque en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.
Por otra parte, de los 33 accidentes de tránsito registrados entre las 00.00 horas del jueves 17 y las 24.00 horas del domingo 20 de septiembre, 8 se produjeron porque el conductor no lo manejaba atento a las condiciones del tránsito, otros seis por conducir en estado de ebriedad y 4 por ebriedad del peatón, entre otras causas.
Carabineros de la VI Zona desplegó diversos servicios extraordinarios preventivos en la totalidad de las actividades que se realizaron en la Región, como fondas, ramadas, rodeos y fiestas costumbristas, esto sin descuidar los servicios ordinarios y el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva.
Se realizaron más de 7 mil controles vehiculares, deteniendo a 20 personas que conducían bajo la influencia del alcohol y a 54 que lo hacían en estado de ebriedad. Además, se efectuaron 166 controles en conjunto con Senda, permitiendo sacar de circulación a 40 conductores que habían ingerido alcohol.
También, el personal de servicio cursó 513 infracciones de tránsito por exceso de velocidad, 20 por el no uso del cinturón de seguridad y 24 por no utilizar la silla de menores de edad.
Ocho formalizados por delitos de estafas al Estado y negociación incompatible en simulación de proyectos financiados por el FNDR
Hasta ahora el perjuicio que involucra a un ex CORE, totaliza cerca de 180 millones de pesos y la Fiscalía prepara formalizaciones en contra de otros dos ex funcionarios públicos.
Se trata de una investigación dirigida por la Fiscalía local de Rancagua, a través de los persecutores adjuntos Carlos Fuentes y Claudio Riobó, quienes indagan irregularidades en la ejecución de proyectos de cultura, deportes y seguridad pública financiados con el 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) entre los años 2011 y comienzos del 2014.
La indagatoria iniciada a mediados del año recién pasado, a raíz de una denuncia emanada desde la propia Intendencia Regional de O’Higgins, y que motivó entre otras diligencias, incautaciones en la casa del Gobierno Regional y domicilios particulares, busca esclarecer los hechos luego de que surgieran indicios contables y administrativos sobre proyectos con adjudicación económica para su financiamiento y que nunca se ejecutaron.
Es por ello que el día de hoy se formalizó entre otros, a un ex Consejero Regional (Héctor Jorquera) por un delito de negociación incompatible, dado que se investiga su participación en uno de los proyectos adjudicados.
Por otra parte se les formalizó por 13 delitos de estafa al Estado y falsificación de instrumento privado a otros 7 particulares, identificados como: Reinaldo Vergara, Magdalena Cáceres, Elizabeth Sandoval, Simón Figueroa, Rodrigo Figueroa, Esteban Arancibia y Rodrigo Hernández, todos quienes por medio de diferentes ONG, se adjudicaron los dineros para la ejecución de proyectos simulando su realización, y donde incorporaron boletas de honorarios por servicios que nunca se prestaron para los mismos fines.
Tras la formalización de cargos, cuya audiencia se extendió por casi 6 horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua, 4 de los imputados resultaron con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y otros 4 con la cautelar de firma quincenal. Se decretó un plazo de 90 días para el cierre de esta investigación.
Cabe señalar que cada asignación de recursos a estos supuestos proyectos, bordean entre 10 y 20 millones pesos, perjuicios que hasta ahora totalizan cerca de 180 millones de pesos. La Fiscalía en tanto formalizará a fines de octubre a otros 2 ex funcionarios públicos involucrados en este tipo de conductas, y no se descarta que existan más imputados en la misma causa.
Corte de Apelaciones de Rancagua rechaza amparo económico contra centrales hidroeléctricas
La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó un recurso de amparo económico presentado en contra de la empresa Tinguiririca Energía, dueña de las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia, por la Junta de Vigilancia del río Tinguiririca.
En fallo unánime (rol 2.663-2015) la Primera Sala del tribunal de alzada integrada por los ministro Emilio Elgueta, Manuel Díaz Muñoz y el abogado (i) Alamiro Carmona rechazaron la acción cautelar presentada por los regantes al considera que la operación de las centrales afectaba el derecho a realizar una actividad económica de los integrantes de la junta de vigilancia.
La sentencia determina que la Junta de Vigilancia del río Tinguiririca no cuenta con legitimación activa para presentar el recurso, ya que es una entidad sin fines lucro
“Que en atención a la naturaleza jurídica de la Junta de Vigilancia recurrente, como se señaló, puede concluirse que, por definición, no es posible compatibilizarla con el desarrollo de una labor rentable, pues precisamente su organización busca estructurar la representatividad e intereses de sus participantes, una cuestión eminentemente de carácter social, que está muy distante de la puesta en marcha de una función productiva que busca réditos económicos”, dice el fallo
Agrega que el recurso de amparo económico es un recurso especial contra el Estado como agente económico y que la vía idónea para recurrir en contra de los particulares es el recurso de protección.
“Como también lo ha fallado en forma reiterada la Excelentísima Corte Suprema, que el presente recurso no constituye el instrumento procesal idóneo para exigir protección al derecho a desarrollar una actividad económica lícita, pues a través del mismo no se confieren al órgano jurisdiccional facultades para adoptar medidas adecuadas y prontas que permitan brindar un debido resguardo al afectado, facultades con las que sí cuenta este tribunal tratándose de la acción de protección establecida en el N° 20 de la Constitución Política de la República (…) Que no obstante las conclusiones manifestadas precedentemente, se estima necesario dejar constancia que no existe un impedimento de tipo legal para que las recurridas procedan del modo que lo han hecho en relación a la acumulación de agua y su posterior restitución al cauce natural, pues sólo se contempla que su actuación deberá condicionarse a los derechos de aprovechamiento de terceros, de modo de no entorpecerlos.
En ese mismo tenor se han pronunciado anteriormente la autoridad administrativa y los Tribunales, y como se señaló en estrados, los asociados a la organización de aguas han otorgado su aquiescencia en la forma de funcionamiento de las centrales, de lo que puede desprenderse que no existiría actualmente el perjuicio de terceros, y por tanto la actuación de las recurridas no puede calificarse de ilegítima, perdiendo sustento, también en este punto, las alegaciones de la Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca.”.
