Por David Pérez Arce
Los 37 días de movilización de los funcionarios del Registro Civil, están superando el paro de los municipales realizado el 2013. Lo que es más grave, son dos millones de trámites pendientes como consecuencia de esta paralización.
Solamente en la Cédulas de Identidad 3,5 millones se emitieron durante el año 2014, hasta antes que se iniciara el paro, se habían proporcionado este documento a unos 2,5 millones de ciudadanos.
¿Se trata de cuantificar el daño causado a la ciudadanía en todo el país…?
Al parecer esa es la tarea en la que están empeñados en esferas de Gobierno, como que la ministra ya dio a conocer que en el mes de NO TRABAJADO no habrá remuneraciones.
“El gobierno ha hablado lo suficiente y espero que esto se resuelva. En eso estamos trabajando, porque la gente no se merece pasar por lo que está pasando”, expresiones de la Presidenta de la República, a los medios de comunicación, al ser consultado sobre la situación en que se encuentra el conflicto.
Esta es una huelga ilegal
Teodoro Ribera, ex Ministro de Justicia, señala a El Mercurio que: “El Estado ha ido siendo capturado por los funcionarios públicos, quienes han logrado mejoras salariales incluso superiores al resto del mercado”.
“Aquí hay conculcación de derechos constitucionales y ante ello uno no ve que estén actuando los órganos con la profundidad que se requiere”.
Como es claro que este paro genera un daño a la ciudadanía, el ex Ministro Ribera responde:
“Aquí el jamón del sándwich es la ciudadanía. Se están violando derechos fundamentales. La libertad de circulación de las personas se ve mermada porque la gente no puede obtener documentos. El derecho a la identidad se ve dificultado porque no obtienen su carnet o porque no pueden inscribir a sus hijos. Aquí hay conculcación de derechos constitucionales y ante ello uno no ve que estén actuando los órganos con la profundidad que se requiere”.
La definición de P. Walker
Los parlamentarios cuestionan la propuesta del Ejecutivo que establece que será el próximo Congreso, elegido en 2017, el que decida el mecanismo para reformar la Carta Fundamental.
Para el presidente del senado, Patricio Walker, “va a ser este Parlamento el que defina el mecanismo, y no el próximo”.
Va, mas allá cuando señala: “El Gobierno ha hecho una propuesta súper legítima, pero acá el que resuelve es el parlamento, y veo que hay una mayoría, en este congreso, para que seamos nosotros lo que definamos el mecanismo”.
Por su parte, el senador PPD, Felipe Harboe expone:
“En mi campaña plantee una nueva Constitución. Y no voy a renunciar a mi facultad de legislar porque a alguien se le ocurre que sea el próximo parlamento el que tiene que hacerlo”.
No está con la claridad que muchos estiman, el tema de la reforma o nueva Constitución.
En un foro realizado esta semana, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, indicó que La Moneda postergó el nombramiento del Consejo Ciudadano de Observadores para el proceso constituyente.
“La presidenta está escuchando, tenemos una cierta idea, y se han planteado distintas alternativas. Por eso hemos querido postergar un poquito su definición, porque nos interesa escuchar; no se si vamos a satisfacer a todos, pero nos interesa que sea un consejo donde todos podamos decir; los nombres que están ahí son buenos hombres” dijo Marcelo Diaz.
