Lamentable la defensa del gobierno en el Tribunal Constitucional porque no podía ser de otra manera. El Art. 19 de la Constitución es muy claro en cuanto a los derechos de los ciudadanos, en particular, la igualdad ante la ley, la prohibición del estado de discriminar en forma arbitraria, la libertad de educación. La acción del gobierno iba en la otra dirección mas profunda: controlar la educación al estilo socialista creando la desigualdad ideológica propia de esa doctrina.
El fallo derrumbó dos arbitrariedades, primero quienes podrían acceder a la educación gratuita y segundo quiénes podrían otorgarla. Si los beneficiarios son los estudiantes de menores recursos, el subsidio debe ser directo a ellos, quienes son fácilmente identificables mediante la Ficha de Protección Social y pueden ejercer su inendosable derecho a elegir y no el estado mediante el subterfugio de la oferta. Así se hace en materia de subsidio a la vivienda. No se subsidia a las empresas constructoras sino directamente al beneficiario y otro tanto ocurre en la salud cuando se trata de la libre elección financiado por el Fonasa ¿Por qué no en la educación?
La razón: los jóvenes y sus familias serán sometidos a los designios del estado que los “guiarán” hacia donde el Leviatan lo desee. Un ejemplo de ello, la supresión estatal de la Educación Cívica en la educación media para dejar a la juventud sumergida en la ignorancia respecto de sus derechos y deberes políticos. La glosa implicaba coartar la libertad, argumento que ni siquiera llegó a plantearse en el Tribunal Constitucional (aun no conocemos el fallo in extenso). De paso el costo del proyecto es muy superior al de entregar los recursos vía beca y además está lejos de asegurar la calidad. El reciente ranking de las universidades chilenas practicado por Grupo de Estudios Avanzados en Educación Superior Universitas es claro en este punto. Todas las universidades estatales serían beneficiadas con tal glosa. Las Universidades de Atacama (lugar 38), de Los Lagos (42) Arturo Prat (43) y Tecnológica Metropolitana (44), las últimas en el ranking, recibirían los recursos en desmedro de la U de los Andes (11), U Católica del Maule (14), del Desarrollo (17), Diego Portales (18), mas muchos CFT e IP como Inacap y Duoc de reconocida calidad en sus carreras.
El estado creó la Acreditación de las instituciones para garantizar la calidad, por lo tanto ese es el único requisito que puede imponerse a los estudiantes en la elección de su educador. De paso, debe fijarse un plazo para que las universidades estatales que entraron por la ventana se sometan a la examinación.
El gobierno proponía la gradualidad arbitraria por insuficiencia de recursos, lo que no es un argumento válido porque hay una enormidad de recursos para financiar muchas actividades estatales superfluas e innecesarias en comparación con el gasto en educación. Un presupuesto divorciado de las prioridades.
Otra restricción es el odio al lucro. ¿Quiénes lucran? Todos los que perciben rentas, sea del producto de su trabajo o de los bienes que poseen. Es justo. Incluso los jóvenes que se eduquen gratuitamente percibirán lucro cuando entren al mercado laboral, el que será variable según el desempeño que tengan durante su vida de trabajo, sea como dependientes o como independientes, emprendedores o empresarios. Por ejemplo, los nuevos jóvenes diputados como Vallejo, Cariola, Boric y Jackson al terminar sus estudios superiores han pasado a tener una renta mensual de $ 20 millones sobre la que eluden tributariamente la mitad.
El odio al lucro demuestra envidia e ignorancia. Las universidades estatales perciben ingresos y sus activos son remunerados (lucro), al menos para mantener su capacidad productiva y realizar nuevas inversiones. Para ello contratan arquitectos, ingenieros, constructores, operarios, todos obtienen lucro. En sus gastos de operaciones compran bienes y servicios de proveedores que obtienen lucro, contratan profesores y administrativos cuyas remuneraciones son lucrativas. La Presidenta y su gabinete, parlamentarios, jueces, alcaldes, concejales, cores, todos lucran con justicia.
El Ministro del Interior acaba de declarar que no le gusta el fallo reciente del Tribunal Constitucional. Lamentable porque no es permisible avanzar mediante actos ilegales. En el fondo estos casos revelan las verdaderas intenciones de la izquierda de modificar las garantías constitucionales en una nueva constitución que restrinja las libertades. El proyecto de reforma tributaria, el laboral y el educacional, el del aborto son evidencia. Incluso de tergiversa el concepto de constitución. Los que abogan por una nueva la definen como el ordenamiento político de la nación y que, subsidiariamente, contiene una lista de derechos en circunstancias que es exactamente a la inversa. La constitución es el estatuto de garantías de los derechos de la personas y para garantizarlo se establece el ordenamiento político subsecuente. El orden de su articulado así lo indica.
Javier Fuenzalida Asmussen
