La modificación a la ley de los partidos políticos está próxima a ser despachada por el parlamento. Poco se recogió de la Comisión de Engel y la mayor parte se refiere a las conductas y sanciones en el ejercicio de la política, pero no se resuelve el defecto mas importante como es el acceso a la política y lo que es mas grave los partidos pasarán a ser parte del estado. Serán estatizados. Otra inconstitucionalidad mas al violar la libertad de asociación y de pensamiento.
En efecto, los partidos políticos hasta hoy son instituciones privadas, organizadas por persones que tienen pensamientos e ideas afines respecto de la sociedad y cuya finalidad es difundirlas y participar en la gestión del estado.
El proyecto actual elimina este ejercicio de la libertad al establecer que los partidos políticos serán entidades de derecho público, por lo tanto pasarán a ser parte del Estado y como tales, solo podrán realizar los actos que expresamente la ley les permita al igual que cualquiera repartición pública. Fin del estado de derecho.
Se ha propiesto que su financiamiento solo podrá provenir de dos fuentes: mayoritariamente del presupuesto fiscal, fijado para tal efecto en $ 7.000 millones anuales s ser distribuidos en su menor parte en montos iguales para todos ($ 900 millones), otra para financiar proyecto presentados por los partidos ($ 2.400 millones) y la mayor parte $ 3.700 millones en proporción a los votos recibidos en la última elección. Nada para los nuevos entrantes o desafiantes.
Las personas jurídicas no podrán hacer donaciones, aun si sus socios o accionistas así lo desearan, pero las personas privadas podrán hacerlo con restricciones. O sea se impone la dependencia estatal como entidades de derecho público. ¿Se imagina que las entidades culturales, deportivas, religiosas, corporaciones y fundaciones, que desarrollan actividades sociales pasaran a ser entidades de derecho público y por lo tanto a formar parte del aparato estatal?
Por otra parte, se establecen restricciones de entrada al fijar el número mínimo de personas que puedan organizar un partido político de modo que uno naciente deberá tener miles de adherentes. La DC no podría existir si se organizara ahora porque cuando nació como Falange Nacional tenía solo un puñado de miembros y durante un largo tiempo tuvo apenas un par de diputados. Con estas restricción y las del financiamiento se asegura que solo existan partidos grandes argumentando que se de esa manera se evita una proliferación de partidos y una supuesta ingobernabilidad de la nación. El estado permitirá así solo la manifestación pública de un puñado de ideas y orientaciones violando la libertad que garantiza la constitución. En otras actividades sociales se pueden organizar con un solo socio, en el caso de las cooperativas con cinco por lo que no tiene ningún sentido exigir que para crear un partido político se requerirá como mínimo un 0.5 % de los participantes de la última elección popular, esto es la de 31.102 personas.
En la elección parlamentaria de 1952 compitieron 30 partidos y la casi todos lograron alguna participación en el parlamento. La democracia continuó su existencia así como el estado de derecho. Muchos desaparecieron. En la elección siguiente en 1957 solo 17 compitieron y en la de 1961, 1969 y 1973 no sobrepasaron los 12. Actualmente son 14 según el Servel. Las restricciones propuestas nada tienen que ver con la estabilidad institucional sino que establecen un “mercado oligopólico político” para evitar la competencia de nuevos entrantes o escisiones de partidos grandes como ocurrió con corrientes como el Mapu, la Izquierda Cristiana, el MAS, Meo, Humanistas, etc. El Servel no podrá garantizar la libertad de asociación, lo que es manifiestamente inconstitucional e inconsecuente con las ideas de diversidad, inclusión y no discriminación. Es peor que la colusión de los pollos, del confort y de las farmacias.
Javier Fuenzalida Asmussen
