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Sociedad blockcahinizada

 

En 2003 se promulgó la ley 19.880 del “silencio administrativo” que formó parte de un conjunto de normas de iniciativas conjuntas del presidente Lagos con las organizaciones empresariales. El objeto de dicha ley fue establecer plazos para que las diversas reparticiones públicas respondan las consultas y solicitudes formuladas por personas e instituciones del sector privado. Dicha ley distinguió entre el silencio administrativo positivo y el negativo.

 

El primero establece que, transcurrido el plazo legal para resolver sin que la administración se pronuncie, el interesado podrá denunciar el hecho ante la misma autoridad la que, en un plazo de cinco días deberá dar respuesta. Si no lo hace se entiende por aceptado lo solicitado y se extenderá el certifica sin más trámite.

 

El segundo, más corriente, se entiende rechazada la solicitud que no sea resuelta en el plazo legal cuando ella afecta el patrimonio fiscal, cuando la autoridad actúe de oficio o deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando una persona ejerza su derecho a petición constitucional.

 

En esa misma ley creó el principio de derecho de Transparencia según el cual toda persona tiene derecho a solicitar información sobre los actos administrativos, a menos que una ley específica lo excluya. Se creo el Consejo de la Transparencia al que los interesados pueden recurrir cuando la burocracia estatal no responde.

 

Con ello, el sector privado y los ciudadanos pensaron que finalmente se le había puesto el cascabel al gato…pero en la práctica ello no ha ocurrido como se esperaba porque no todos los actos administrativos tienen un plazo para ejecutarse y el estado no se ha preocupado por ponérselos de modo que la tal modernización es letra muerta. En los casos en que hay respuestas, éstas no siempre son siempre claras. Se extienden latamente en referencias a leyes, reglamentos o normas con las que el funcionario público se escuda señalando que ha actuado “de acuerdo a la normativa vigente”.

 

El Consejo de la Transparencia ejerce sus facultades pero no puede garantizar la calidad de las respuestas. Por ejemplo, a raíz del daño producido a la escultura de Rebeca Matte por la carrera de autos eléctricos solicité a través del consejo información sobre la demanda establecida en contra de los responsables de acuerdo con la ley de monumentos nacionales. Recibí una chorrera de copias de mails entre el museo de Bellas Artes, la dirección de Archivos y Bibliotecas, comunicaciones internas entre burócratas y un informe solicitado al Consejo de Defensa Fiscal sobre si cabía demandar a pesar de la claridad de la ley de Monumentos Nacionales al rescpecto: cinco años de cárcel mas multa a quien dañe el patrimonio. Nada ocurrió.

 

Al estar gobernado ahora por una fuerza política en que no pocas autoridades proceden de las actividades privadas y que más de alguna vez quedaron atrapados en la maraña burocrática, se espera que se inicie una limpieza de tramitaciones, digitalización, coordinación electrónica entre las diferentes reparticiones públicas, respuestas claras, etc. No es tarea fáicl y nada de eso parece estar ocurriendo, salvo declarar que hay que cambiar.

 

En el poder judicial y ministerio de justicia, según la prensa de esta semana, hay consenso en que tanto nuestros códigos procesales y penal y la justicia civil están tan añejos que permiten que los proceso pueden eternizarse sin límites o muchos delitos no están tipificados o están penados con sanciones irrisorias o aminorados por el mito de la “intachable conducta anterior”. La asociación de jueces critica que los nombramientos y calificaciones los haga la Corte Suprema pero no hay propuestas respecto de cuál es el proceso adecuado.

 

El parlamento trabaja sobre un proceso legislativo del siglo XIX. Los proyectos dan bote de comisión en comisión, van a la sala, se votan, vuelven, se introducen nuevas indicaciones, pasa al senado, se repite el proceso y puede terminar en una comisión mixta. Todo esto, con urgencias que se dan y se quitan. Como en las recetas de cocinas, se les deja “reposar” por un tiempo para “darles un hervor” y volver a lo mismo. La ley del bosque nativo estuvo 17 años en discusión parlamentaria. No es el único caso. Las de educación se iniciaron también hace 17 años y aún no se terminan. Las tributarias no acaban nunca, al igual que las laborales, son de discusión infinita. Algunas leyes salen obsoletas o son contradictorias con otras. El tribunal Constitucional debe corregir los errores grosos. Sus críticos afirman que se ha transformado en una tercera cámara. No es así, tiene que hacer la pega que las comisiones de constitución de ambas cámaras no hacen. Debería procederse a la modificación del proceso legislativo para tornarlo más expedito, un parlamento unicameral entre otras modernizaciones.

 

La Contraloría también se toma sus tiempos. Anunció que el informe sobre la designación de un pariente de una autoridad podría demorarse seis meses. La lectura en el diccionario dice que nepotismo es el “Trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos”. Bastan algunos segundos para entenderlo.

 

El Ministro de Economía, con la mejor intención, promete una serie de medidas para podar la burocracia y poder disminuir a penas en seis meses, ¡de 27 a 21 meses! los plazos de respuesta para acelerar las decenas de papeles que hay que mover para realizar una inversión. En el mismo día y en la misma página, la prensa informa que para tratar el permiso ya otorgado a Walmart para construir sus bodegas no hay ni fecha ni tabla fijada, de modo que no puede iniciar la construcción que le autorizaron.

 

Es por ello que como forma práctica de reducir las trabas burocráticas debiera instruirse al ministro de economía para que desarrolle una interconexión de las diversas entidades públicas para que la ventana única sea realmente única. Para ello debe designarse un responsable por el gobierno digital introduciendo la tecnología del blockchain como lo ha hecho Estonia. Según informa Kibernun Chile, el e-road ha permitido que cerca de 1800 servicios estatales están en línea. La blockchainización permite crear registros inviolables, individuales tales como registros de valores, de propiedad, patentes, contratos comerciales, laborales, judiciales, financieros, de seguridad social, salud, pensiones, etc. que acuerdan persona naturales o jurídicos:

 

  • En el 2000 el acceso a internet como un derecho humano.

  • En 2005 introdujo el voto electrónico.

  • En 2014 con la tecnología del blockchain entró en operaciones e-resident, la identidad digital (registro civil)

  • 2015 creación de empresas mediante e-resident

  • 2018 se encuentra en desarrollo el e-health que está blockchainizando las fichas médicas de la población

 

A estas iniciativas se están sumando Finlandia, Namibial, Azerbaiyán, Polonia y Austria. Las grandes bolsas de valores ya lo están implementando.

 

Estas iniciativas no solo permiten el uso inviolable de relaciones entre las personas sino que además desburocratiza al estado, eliminando y derogado engorrosos trámites, Será el fin de las notarías, conservadores de bienes raíces, registros civil, de vehículos, de derechos de aguas, pesca, mineros, seguridad pública, etc.

 

Ya basta de diagnósticos y enumeración de errores. Es el momento de la ejecución de los cambios. De otra manera ni pensar en que el país podrá crecer al 5 o 7 % como lo hizo desde 1987 a 1998.

 

Javier Fuenzalida Asmussen

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Diario El Cachapoal - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile.
Fundado en Rancagua el 05 de Noviembre del 2003.