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Proyecto de ley busca sancionar a quienes hagan “trampa” para aprobar examen de conducir.

La iniciativa propuesta por la diputada Marcela Riquelme establece sanciones como la imposibilidad de presentarse a un nuevo examen en un plazo de dos años y una multa pecuniaria de entre 5 y 10 UTM.

La diputada Marcela Riquelme Aliaga, presentó un proyecto de ley que busca sancionar a aquellas personas que intenten engañar, copiar o realizar algún fraude en el examen de conducir a través de algún medio tecnológico.

La iniciativa de la parlamentaria se produce a raíz del conocido engaño cometido por tres jóvenes en Antofagasta, quienes utilizaron un sofisticado sistema electrónico en sus mascarillas para poder consultar a terceros sobre las preguntas del examen teórico de conducir.

En los últimos años, se han hecho públicos una serie de irregularidades durante la rendición del examen de conducir, referidos a hechos de engaños o artimañas que han vulnerado las reglas de toma del examen, cuyo ejercicio es individual y no grupal. 

En el año 2018, cuatro personas obtuvieron su licencia de conducir con una particular polera que les permitía obtener respuestas a distancia con un sistema tecnológico de comunicación externa con terceros, constando de audífonos, cámara y routers inalámbricos. Esto se suma al ya mencionado episodio ocurrido en Antofagasta.

“Consideramos que es pertinente sancionar cualquier tipo de engaño que se genere en el examen teórico para obtener licencia de conducir. Hoy más que nunca es necesario fortalecer la educación vial y actuar con la mayor rigurosidad en la entrega de este documento, considerando las altas tasas de accidentabilidad que se registran en nuestro país”, señaló la diputada Riquelme. 

Según manifestó la parlamentaria, actualmente, nuestra legislación no contempla alguna sanción para este tipo de fraudes. Incluso, plantea que “la Fiscalía ha determinado que no existe delito y sólo procede una eventual sanción administrativa del mismo municipio”, agregando que dichas instituciones pueden catalogar como personas no idóneas a los que sean sorprendidos en ello quedando sin sanción alguna.

En ese sentido, Marcela Riquelme sostuvo que las licencias obtenidas con fraude ponen en riesgo al resto de los conductores y transeúntes, aumentando el analfabetismo vial y el riesgo de causar accidentes, “por ello en este proyecto solicitamos modificar la Ley de Tránsito, estableciendo sanciones como la imposibilidad de presentarse a un nuevo examen en un plazo de dos años y una multa pecuniaria de entre 5 y 10 UTM”. 

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