Los pobres no marchan. Su voz no se oye. El estado solo reacciona frente a los marchantes vociferantes y violentos: estudiantes con encapuchados, mineros vándalos destruyendo instalaciones, tomas de hospitales, universidades y escuelas, mapuches incendiando camiones y campos. Pero lo pobres sufren en silencio el despilfarro y la ineficiencia de la burocracia, cosa que al gobierno y parlamento los tiene sin preocupación porque cree que con los discursos igualitarios y unos cuantos bonos los mantendrá satisfechos.
La reforma tributaria y su próxima contrarreforma no resolverán ningún problema en favor de los pobres porque la ley de la renta está prostituida desde el artículo 1 al final. De sus 130 y tantos artículos, la gran mayoría son vericuetos para minimizar los impuestos devengados anulando los efectos redistributivos. La reforma educacional no mejorará educación porque no ataca sus raíces. No es el lucro, la selección ni los copagos el problema sino es la mediocridad de la educación pública. La reforma laboral va en contra los trabajadores porque induce a sustituir trabajo por automatización como la robótica entre otras tecnologías. Tampoco lo hará una eventual reforma constitucional que reprima los derechos de las personas.
A partir del próximo mes se inicia el proceso presupuestario en que el fisco querrá gastar más dinero, sin evaluación de lo que ya gastó porque tendría que ponerse colorado.
Un botón de muestra. El gasto social: vivienda, educación. Salud y protección social representa casi dos tercios del gasto del gobierno. Unos US $ 40.000 millones anuales. Sin embargo, poco llega a los pobres. Según la encuesta Casen del 2013 son 344.229 las familias pobres. Si se repartiera todo ese dinero extraído de los contribuyentes, cada familia en esa situación podría recibir US $ 9.500 mensuales, sueldo de gerente. Pero nunca sucederá porque antes de repartir se gasta en una frondosa y cara burocracia, papelería, decretos, normas, gastos superfluos y una incipiente corrupción reduce substancialmente el sobrante para los pobres.
¿A cuánto? La encuesta Casen 2013 señala que las 344.229 familias pobres y cada una recibe subsidios en dinero y en especies valorados por la contabilidad oficial en más o menos $ 270.000 mensuales o US $ 540, lo que es igual al 5.7 % del gasto social. La burocracia se apropia del 94.3 % de los impuestos de los contribuyentes para esos fines. Puesto de otra manera, para que los pobres reciban $ 1 asistencial el estado gasta $ 73. En el supuesto que la educación y la salud incluida en ese gasto es de calidad, lo que no es ni remotamente cierto.
¿Podría el sector privado ejecutar la asistencia social por cuenta del estado con mayor eficiencia? El balance del Hogar de Cristo del mismo año 2013 destina cerca del 18 % a la gestión. Esto significa que para que un pobre reciba $ 1 del Hogar de Cristo, esta institución solo gasta 18 centavos y no $ 73. Tamaña diferencia ahorra cualquier comentario sobre la crueldad del estado.
Javier Fuenzalida A.,
Profesor, Universidad Finis Terrae
