El 30 de julio fue designado como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el fin de concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, para promocionar y proteger sus derechos, es por eso que Gobernación de Cachapoal en conjunto con al Departamento de Migración y Policía Internacional de la PDI realizaron hoy una fiscalización en el comercio de Rancagua para corroborar que los trabajadores ejerzan su labor de forma legal y digna.
Para la Gobernadora de la Provincia de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff, este tipo de fiscalizaciones son fundamentales para cuidar la integridad de las personas: “Estamos muy satisfechos con las fiscalizaciones realizadas en conjunto entre el Departamento de Migración y Policía Internacional de PDI y la Gobernación de Cachapoal, en esta oportunidad se fiscalizó a 45 personas en el comercio del centro de Rancagua y se sancionaron a 5. Sin duda al conmemorar el día contra la trata de personas, para nosotros como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera es prioritario preocuparnos de la integridad de los trabajadores migrantes en nuestra Región y por supuesto a nivel nacional”.
La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. Desde 2003, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la droga y el Delito (UNODC) ha recopilado información sobre aproximadamente 225.000 víctimas de la trata detectadas en todo el mundo. A nivel mundial, cada vez son más los países que detectan a víctimas y denuncian a los traficantes de estas mafias, ello conlleva una mayor facilidad en la detección de estas víctimas, pero también un aumento de las cifras como consecuencia.
Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. Los traficantes todavía siguen amenazando principalmente a mujeres y niñas, la gran mayoría de las víctimas con fines de explotación sexual y el 35% de las víctimas con fines de trabajo forzoso son mujeres.
El objetivo de las fiscalizaciones es la detección de irregularidades migratorias y la detección de infracciones en el área laboral, ya sea por la contratación de migrantes irregulares, sin permisos de trabajo o por la vulneración de sus derechos fundamentales y otras irregularidades.
